La City londinense observa con una mezcla de inquietud y frustración la parálisis de la negociación para romper con Bruselas, de la que, menos el nombre, se desconoce todo. Las incógnitas comienzan a impacientar a una industria que se plantea relocalizaciones que, en algunos casos, podrían afectar a un cuarto de sus plantillas. El manido Brexit significa Brexit ha dejado de tener sentido para un sector que cuestiona la conveniencia de seguir en el corazón financiero de Europa si su actual acceso ilimitado al otro lado del Canal de la Mancha es sustituido por una fórmula que, de momento, sigue siendo un misterio.
El resultado del referéndum del 23 de junio cogió por sorpresa al sector, como demostró el terremoto bursátil y monetario de las jornadas posteriores, pero el estancamiento del proceso ha permitido a los gigantes de la City recobrar una cierta estabilidad y, sobre todo, comprar tiempo.
Antes de la votación, David Cameron había asegurado que pulsaría inmediatamente el botón de salida pero, transcurridos casi tres meses, la única certidumbre es que la puesta en marcha del artículo 50 del Tratado de Lisboa no tendrá lugar hasta 2017. Su activación podría retrasarse incluso hasta final de año, una vez se hayan resuelto las elecciones previstas en Francia y Alemania.
El retraso es la consecuencia de la falta de un plan B por parte de un Ejecutivo que ha evidenciado que estaba menos preparado incluso que la banca a la que había garantizado la victoria de la continuidad en el bloque. De ahí que la prioridad absoluta del Ministerio del Tesoro una vez consumada la ruptura fuese estrechar lazos para evitar un éxodo que haría mucho daño no sólo al estatus de Londres como referencia financiera mundial, sino a las propias arcas de un país que, tras el Brexit, se ha visto obligado ya a renunciar al gran objetivo de alcanzar el superávit a final de esta Legislatura.
Los servicios financieros aportan más de un 12 por ciento al PIB británico y dan soporte a unos 2,2 millones de empleos, pero el jugo principal para el Estado procede de la cesta fiscal, con una aportación de 66.000 millones de libras en impuestos en 2014, un montante que supera ampliamente al de cualquier otro sector. Por ello, consciente del impacto tanto psicológico como económico de una fuga, a los pocos días del plebiscito el por entonces titular del Tesoro reunió a los grandes nombres de la industria para recabar su disposición al mantenimiento de Londres como centro de referencia global.
George Osborne, quien siempre había mantenido una relación más que cordial con la City, obtuvo el compromiso de, entre otros, JPMorgan, Goldman Sachs o Morgan Stanley, de trabajar para que la ciudad del Támesis ?retenga su posición?, si bien su voluntad no significa necesariamente que prevean mantener el contingente actual, tanto de personal, como de medios. Otras plazas europeas, como París, Fráncfort o Dublín, han detectado ya su oportunidad y han desplegado la alfombra roja para atraer a los expatriados financieros del Brexit.
De momento, todo son especulaciones, porque nada se sabe acerca del primer divorcio integral en la historia de la UE y cualquier paso en falso podría mancillar la reputación de entidades que dependen vitalmente de la confianza. En consecuencia, públicamente mantienen su actividad sin evidenciar acuse de recibo al veredicto de las urnas, pero entre bambalinas, el hastío por el secretismo impuesto por Theresa May en la materia, junto a las ya evidentes desavenencias entre los responsables de dirigir el proceso han convencido al sector de la conveniencia de buscar alternativas en suelo continental.
Por ello, pese a las promesas a Osborne antes de que abandonase el Número 11 de Downing Street, nombres como JPMorgan admiten abiertamente que estudian mover a 4.000 empleados, un cuarto del total en tierras británicas, frente a los entre 1.000 y 2.000 que Morgan Stanley baraja relocalizar. Otros como Goldman Sachs, Citigroup o Deutsche Bank reconocen que habrá movimientos e incluso instituciones británicas como Barclays, o HSBC, avanzan cambios, incluso pese a haber descartado trasladar su centro de operaciones fuera del país.
Ninguno se lanza a dar plazos, puesto que, en última instancia, todos son conscientes de que será una carrera contrarreloj para hacerse no sólo con los mejores espacios en áreas ya saturadas, sino con los permisos regulatorios necesarios para evitar demoras.
Las maniobras, por ahora, son preventivas, pero en el momento en el que el Gobierno mueva ficha, la industria aspira a estar preparada para adoptar la estrategia más beneficiosa para sus intereses. La clave residirá en la continuidad en el mercado único, de ahí que el nuevo responsable del Tesoro esté dispuesto a enfrentarse al núcleo duro de los ministros más eurófobos para garantizar pleno acceso, si no integral, al menos para los servicios financieros.
