Joao Anastacio está harto de recorrerse las calles del centro de Lisboa para recolectar la renta mensual de los inquilinos que vivien en sus múltiples propiedades, ancianos en su mayoría y algunos de los cuales pagan cantidades tan ridículas como 32 euros por su piso de dos habitaciones en el barrio más caro de la ciudad del Tajo: Principe Real. Aunque viejo, en el inmueble hay otros pisos que se alquilan en renta libre, por 500 euros.
La culpa de esta anómala situación la tiene una norma de protección a los arrendatarios del siglo pasado, muy similar a la que hubo en España, y que fue diseñada para evitar los abusos por parte de los arrendadores. El resultado es que algunas rentas están congeladas desde hace más de 70 años.
Y van a seguir así al menos una temporada, para desesperación de los propietarios, porque lo que en España se ha llamado "renta antigua" iba a desaparecer en 2017. Esa fue la decisión del Gobierno conservador en 2012, en línea con las exigencias de los acreedores del país durante el crítico rescate financiero al que se vio obligado Portugal un año antes.
El actual Ejecutivo, dominado por una coalición de partidos de izquierda, ha revocado esa decisión y ha extendido la fecha hasta 2022, para disgusto de los arrendadores.
"Es tremendamente frustrante. Si el Estado quiere ayudar a los arrendatarios que no pueden pagar un alquiler justo, entonces lo que tiene que hacer es concederles un subsidio, en lugar de obligarnos a actuar como benefactores", explica Anastacio.
