Unos 250 centros de formación profesional, incluidos los de las patronales y los sindicatos, deberán devolver 138,9 millones de euros al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como consecuencia de la sentencia de la Audiencia Nacional que declara nula la convocatoria de subvenciones públicas para formación del año 2014.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional estima el recurso presentado por las patronales Confemetal, Federación de Hostelería y Restauración (FEHR) y Federación de Asistencia a la Dependencia (FED), en base a un único motivo: no haberse sometido al informe del órgano de participación del Sistema Nacional de Empleo, la propuesta de distribución de presupuesto destinada a financiar el subsistema de Formación Profesional para el Empleo que debe elaborar anualmente el Ministerio.
Este recurso había sido desestimado previamente por el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativa número 4, pero las patronales implicadas recurrieron la sentencia desestimatoria ante el órgano judicial superior.
La convocatoria de subvenciones para la formación de 2014 tenía un presupuesto de 138,9 millones de euros que son los que deberán devolver o dejar de percibir la parte del tercer anticipo que se está ejecutando ahora, los centros adjudicatarios de los cursos, entre los que se encuentran como beneficiarios los de las tres federaciones empresariales recurrentes, pertenecientes todas ellas a la patronal CEOE.
Responsables del Ministerio que dirige Fátima Báñez explican que esta convocatoria "se publicó en el ámbito del proceso de negociación de un nuevo acuerdo de formación entre el Gobierno y los interlocutores sociales". La resolución, que obtuvo el voto unánime de las organizaciones empresariales y sindicales presentes en el Patronato de la Fundación Tripartita, amplió sustancialmente la parte del presupuesto disponible para posibilitar la libre concurrencia entre entidades y centros de formación.
Admiten que "es verdad que no se cumplió el trámite del informe al órgano de participación del Sistema Nacional", pero indican que "la Administración considera que dicha consulta a los órganos de participación institucional se efectuó el año 2014, al incluirse el reparto de fondos, tanto en los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como en el Plan Anual de Política de Empleo 2014 que fueron sometidos a la consulta de dicho Consejo General y en los que se incluyeron la distribución y asignación de los fondos para formación con cargo al ejercicio presupuestario de 2014".
Aclaran también desde el Ministerio que la propia sentencia deja una puerta abierta para la subsanación del motivo que originó el recurso, lo que evitaría la devolución de las subvenciones. En concreto, en el texto que anula la convocatoria añade textualmente la frase "sin perjuicio de que pueda, en fase de ejecución de sentencia solicitarse dicho informe".
La Administración es partidaria de aceptar esta vía de subsanación y, dado que la Comisión Estatal de Formación para el Empleo ya no existe, convocar al Consejo General del Sistema Nacional de Empleo que asume sus funciones.
