La única incógnita despejada dos meses después del referéndum sobre la continuidad de Reino Unido en la Unión Europea es que, efectivamente, no existía plan en caso de victoria del divorcio.
Confirmado que ni siquiera quienes lo defendían tenían idea alguna sobre áreas clave como la relación comercial con el bloque una vez rotos unos vínculos, el Gobierno surgido del terremoto Brexit rechaza incluso aclarar cuándo prevé pulsar el botón de salida para iniciar un proceso que, según lo establecido en el nunca puesto en práctica artículo 50 del Tratado de Lisboa, debería completarse en dos años.
La demora es lógica en un contexto no sólo sin hoja de ruta, sino sin la más básica infraestructura tanto en materia logística, como de personal. Como prueba, los dos departamentos creados específicamente para hacer frente a la ruptura, la Secretaría de Comercio Internacional y el popularmente denominado Ministerio del Brexit, apuran el reclutamiento de quienes asumirán la negociación, pero, de momento, el primero apenas cuenta con un centenar de los 500 expertos que necesita en total y el segundo, con menos de la mitad de los 250 que requiere.
Con la totalidad de las piezas del puzzle por ensamblar, Bruselas observa con frustración la parálisis del socio a quien había ofrecido prácticamente todo para asegurar su permanencia. Las constantes apelaciones de Francia, o Italia, a activar la salida lo antes posible han caído en oídos sordos y las garantías de David Cameron previas al 23 de junio acerca de que activaría el artículo 50 inmediatamente revelan el delirio de una Administración que no se molestó siquiera en preparar una batería mínima para contener la hemorragia de la amputación.
Las previsiones más optimistas señalan a final del año que viene como la fecha más próxima para iniciar formalmente el proceso, lo que en el mejor de los escenarios retrasaría la ruptura prácticamente hasta el año 2020, justamente cuando los británicos se prepararían para unas nuevas generales.
Los plazos incomodan especialmente a sus todavía socios, puesto que miembros clave como Francia, Alemania u Holanda celebran elecciones en 2017 y lo último que necesitan sus administraciones, que tienen difícil la reelección, es la sombra del Brexit sobre sus opciones de retener el poder.
Batalla doméstica
A escala interna, la batalla desencadenada en la práctica totalidad de los partidos políticos continúa. A la guerra abierta en un Laborismo que el próximo mes tendrá que decidir si mantiene su fe en Jeremy Corbyn se unen las disputas que la lucha de egos ha desencadenado en el propio Gobierno, en el que la creación de los dos gabinetes para hacer frente al Brexit ha disparado viejas rivalidades y, crucialmente, desavenencias por el reclutamiento de los funcionarios clave para dirigir el proceso.
Como cabía prever tras las incertidumbres nunca aclaradas de la campaña del plebiscito, la pieza principal del rompecabezas sigue siendo la continuidad en el mercado común.
Dadas las obvias ventajas derivadas de su pertenencia, equivalente a un 4% del PIB, según el Instituto de Estudios Fiscales (IFS, en sus siglas en inglés), Londres no quiere perder su acceso, pero tampoco está dispuesto a pagar el peaje que le exigen sus todavía socios: libertad de movimiento de personas, un factor que la propia primera ministra, Theresa May, ya avisado que será necesario revisar en cumplimiento con el mandato de un electorado al que la inmigración pesó por encima de todo.
Partidas en el aire
A ello se suman las dudas relacionadas con las áreas que actualmente disfrutan de jugosos fondos comunitarios, especialmente investigación científica, universo académico, subsidios agrarios y partidas para el desarrollo. Por ahora, el titular del Tesoro ha garantizado que el Estado cubrirá los miles de millones que reciben actualmente, pero sigue sin estar claro el futuro, sobre todo ante el "reseteo" integral que Philip Hammond deberá introducir a tiempo para el Discurso de Otoño, en el que está obligado a ajustar la praxis política a los desafíos que el proceso del Brexit genera para la economía.
De momento, las primeras señales son mixtas e indicadores como el mercado laboral o las ventas minoristas parecen haber resistido, pero nadie, mucho menos el Gobierno británico, se encuentra bajo la ilusa impresión de que los próximos meses, si es que no años, serán fáciles.
La evidencia aparece en las propias aspiraciones modificdas respecto a las que había hecho la Administración anterior: la ambición del superávit para 2020 ha sido reducida ya a la carpeta de los descartes, la misma a la que, paradójicamente, May ha remitido el objetivo de reducir la red de migración a las decenas de millar, frente al saldo actual de 330.000 llegadas.
