Hace menos de seis meses que el Tribunal de Justicia de la UE daba la razón a Berlín sobre la posibilidad de no conceder ayudas sociales a extranjeros que no llevaran más de tres meses en Alemania. La sentencia vino a raíz de la denuncia de una familia española que había solicitado la prestación social.
Estas dotaciones económicas suelen concederse a las personas que han trabajado menos de un año en Alemania y, por tanto, no tienen derecho a subsidio por desempleo de lo previamente cotizado. Hasta ahora tenían una duración de seis meses, en los que el beneficiario debía buscar trabajo activamente, ayudado por las oficinas del paro (o Job Center), quienes enviaban ofertas, asumían los costes de cursos formativos y/o de estructuración del currículum e incluso pagaban desplazamientos para que el usuario realizase entrevistas laborales.
Son muchas las quejas que el Gobierno alemán esgrime desde hace meses en cuanto a estas ayudas sociales. Entre ellas, que el Hartz IV (así es como se conoce en Alemania a la prestación social) es una "puerta de entrada" para los extranjeros, que para evitar el paro en sus lugares de origen vienen alentados por las ayudas sociales.
Debido a ello, han ido estableciendo modificaciones progresivas que han endurecido su acceso. Uno de los ejemplos es la obligatoriedad de estar trabajando actualmente (ya sea como autónomo o con un minijob) o haber trabajado en algún momento de los seis meses anteriores para poder solicitarlas, aunque esta medida sólo se aplica para los foráneos. Ahora el plazo de concesión se alarga hasta los doce meses, pero si se considera que el solicitante es "causante" de su situación de necesidad económica deberá ir devolviendo al Estado la prestación en forma de crédito.
También entra en vigor la posibilidad de que los parados de larga duración trabajen obligatoriamente por un euro la hora en los llamados Euro-jobs. Seguirán cobrando su prestación, que completarán con esta pequeña ganancia económica.
Según publicaba esta semana el periódico Frankfurter Allgemeine, uno de cada cuatro receptores de prestaciones sociales es extranjero. Pero, al contrario de lo que se creía, no son los españoles los que más demandan el Hartz IV. En primer lugar se posicionan los turcos (295.260), sirios (242.391) y polacos (92.506). Continúan en cabeza los alemanes, de los cuales 4.360.000 perciben subsidios estatales.
El mayor impedimento que hace solicitar a los desempleados la ayuda social es el pago mensual del seguro médico, obligatorio en Alemania y no gratuito en ningún caso. Por ello, se debe pagar una media de 160 euros al mes, que desembolsará el propio estado si el ciudadano es beneficiario de la prestación social. Si no se abona el seguro médico (mediante la ayuda estatal o siendo el propio usuario el que asuma el coste), las aseguradoras sanitarias pueden exigir su pago con retroactividad en forma de multa.
La cuantía de la prestación Hartz IV depende de la situación civil de la persona solicitante. Si está casado y/o con hijos, ésta aumentará. Pero usualmente comprende el pago del alquiler, curso de alemán (en su caso), seguro médico y algo de dinero de bolsillo. En total suele abarcar hasta unos 950 euros, siendo menor en función de lo que la persona gane en el desempeño de su empleo. No es fielmente una renta básica, puesto que conlleva una serie de obligaciones como la búsqueda activa de un trabajo mejor.
El problema de los 'minijobs'
Se instauró así con la entrada en vigor de la Agenda 2010 implantada por el excanciller socialdemócrata Gerhard Schröder, por la que se aprobaron los minijobs, ocupaciones de menos de 20 horas a la semana por las que se percibe un máximo de 450 euros al mes. El problema de los minijobs es la escasa cotización a las arcas públicas que efectúan. Según un estudio del Instituto de economía alemán (IW), el 80 por ciento de los trabajos domésticos se cobran en negro en Alemania, lo que supone una economía sumergida que mueve entre 25.000 y 30.000 millones de euros al año.
Todos estos cambios son, según la ministra de empleo Andrea Nahles, para simplificar el proceso burocrático que supone la consecución de estos beneficios sociales. Asimismo, se esgrime la posibilidad de que en el futuro se pague en especie, por ejemplo, con cupones de comida. Uno de los obstáculos de la nueva legislación es el aumento de los alquileres en las principales ciudades alemanas. Los servicios sociales sólo asumen una cantidad considerada "razonable", con lo cual se obliga indirectamente a que quienes reciban en algún momento las ayudas sociales tengan que trasladarse a barrios más humildes.
En un principio Nahles quería hacer una reforma en la que los ciudadanos miembros de la UE que no tuviesen empleo pudiesen solicitar una ayuda "de emergencia" una sola vez. Ésta cubriría un máximo de cuatro semanas las necesidades básicas y se podría solicitar un préstamo para retornar a sus países.
