En su búsqueda de arañar euros para ajustar el déficit público de este año al 3,7% exigido por Bruselas, el Gobierno se plantea ahora paralizar la convocatoria de la oferta de los cursos de formación para este año, lo que permitiría un ahorro adicional de 250 millones de euros en el gasto.
Una propuesta que los responsables de la Secretaría de Estado de Empleo plantearon a los representantes de la patronal CEOE durante la reunión que mantuvieron esta misma semana y en la que se les anunciaba también la decisión de excluir a los agentes sociales del órgano de control de las convocatorias, cuyas competencias asumiría en exclusiva el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Una decisión que ha suscitado la indignación de los sindicatos mayoritarios y de la patronal, que han manifestado su total oposición e, incluso, la posibilidad de un plante si se lleva a cabo. Advertencia ante la que los responsables de Empleo apuntaron la posibilidad de paralización de las convocatorias.
"No vamos a renunciar bajo ningún concepto a entrar en el órgano de control", afirmaba ayer un alto cargo de la dirección de CEOE, quien recordaba que la formación debe ser una competencia del diálogo social. "Si nosotros pagamos, nosotros decidimos porque somos los que sabemos la formación que necesitan y demandan las empresas y los que mejor y con mayor calidad podemos ofrecerla".
Recordar que la cuota de formación profesional la pagan las empresas y los trabajadores a la Seguridad Social y supone una aportación del 0,7% de la cotización por contingencias comunes, siendo el 0,6% a cargo de la empresa y el 0,1% a cargo de los trabajadores.
Una "trampa" de Hacienda
Desde la CEOE se considera, además, que tras esta decisión de excluirles del control de la formación se esconde "una trampa de Hacienda" para evitar hacer las convocatorias anunciadas y reducir así el gasto del Estado en 250 millones de euros y así ayudar a cumplir con los objetivos de déficit.
De hecho, se señala la coincidencia en el tiempo de este aviso de Empleo con el compromiso asumido por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Bruselas de adelantar el cierre del ejercicio de 2016 a julio, cuando lo habitual suele ser en noviembre, y que figura entre las medidas anunciadas para evitar la multa de la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado.
Este adelantamiento del cierre impide que la Administración del Estado pueda iniciar nuevos gastos desde el pasado miércoles, fijándose el día 29 de julio como fecha límite para que la Administración pueda remitir a la Intervención los compromisos de gasto con un tercero para su fiscalización.
Esta limitación no afectará a los gastos que se deriven del cumplimiento de normas legales o reglamentarias como, por ejemplo, el caso de pensiones o prestaciones por desempleo. Quedan excluidos, igualmente, aquellos que sean autorizados o aprobados por Consejo de Ministros, así como los gastos de personal o deuda pública, entre otros.
El enfrentamiento entre los agentes sociales, especialmente la CEOE y el Gobierno de Mariano Rajoy, se remonta al inicio de la reforma de la Formación Profesional para el Empleo, aprobada en Consejo de Ministros el 20 de marzo de 2015 y que abre la oferta formativa a la libre concurrencia de todos los proveedores acreditados y aparta a los agentes sociales de la gestión de los fondos, reduciendo su papel al de asesores en el "diseño estratégico, planificación, programación y difusión" de la formación, competencias de las que entienden se les quiere ahora desplazar.
Además, en la reunión de la Junta Directiva de la CEOE del pasado miércoles se anunció la publicación, este otoño, de un Libro Blanco de la Formación, en el que se explicará, entre otras cosas, que desde que se firmaron los acuerdos que dieron origen al sistema, en la década de los noventa, en España se han recaudado 55.000 millones de euros para formación, de los que apenas un 5% son los que han podido usarse de forma fraudulenta.
Una Secretaría de Estado para Industria
La Junta Directiva de la CEOE expresó también, en su reunión de fin de curso, su aspiración de que el nuevo Gobierno proceda a la creación de una Secretaría de Estado de Industria, actualmente inexistente en el Ministerio, y que los empresarios consideran prioritaria para cumplir el mandato de Bruselas de que el sector industria represente el 15% del PIB.
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