El grueso del ajuste adicional sobre las Cuentas Públicas que Bruselas demanda a España recaerá sobre el próximo ejercicio. La Comisión Europea prevé una senda de reducción para rebajar el déficit público este año hasta el 3,7% del PIB y el próximo hasta el 2,5%. Para ello, el Ejecutivo comunitario busca forzar una reducción extra del saldo negativo del 0,25 por ciento del PIB este año y del 0,5% el próximo, lo que totaliza unos 7.500 millones de euros de ajuste estructural. No obstante, esta cifra podría elevarse como consecuencia del parón político.
Esta senda está incluida en las recomendaciones específicas por países de mayo, donde se trataron consideraciones fiscales, que según el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, servirán de referencia para la nueva senda fiscal que se va a marcar ahora y cuyo detalle se espera conocer el próximo 27 de julio, cuando se proponga la cuantía de la multa a nuestro país por desviarse del objetivo de déficit. Podría conocerse antes, siempre que Portugal -pionero también en el procedimiento sancionador por contravenir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento- envíe a Bruselas sus alegaciones para sortear o minimizar su sanción.
Se prevé que la multa a España tenga un carácter simbólico, aunque también está en liza la congelación de parte de los fondos estructurales previstos para el año que viene. El máximo castigo económico alcanzaría el 0,2% del PIB, aproximadamente 2.000 millones en el caso español y en los fondos estructurales ascendería al entorno de los 1.000 millones, aunque no se prevé que la Comisión use toda la artillería en esta ocasión, máxime cuando la UE afronta en estos momentos graves desafíos, como el Brexit y los problemas en la banca italiana, sumados a la crisis migratoria y la acción antiterrorista.
Con todo, el próximo Ejecutivo español habrá de lidiar de nuevo con la tutela de la UE y aprobar un Presupuesto restrictivo que será examinado con lupa por Bruselas.