La salida del Reino Unido a cámara lenta de la UE ha provocado una tormenta en los mercados y ha quebrado el tablero político europeo, probablemente hipotecando el resto del mandato político de esta Comisión Europea y el Parlamento Europeo. A pesar de ello, Bruselas no parece estar dispuesta a echarse atrás con las sanciones a España por no cumplir con la reducción del déficit.
Fuentes comunitarias informaron a elEconomista de que el veredicto negativo sobre las cuentas españolas y portuguesas, también en la cuerda floja, continua igual a pesar del Brexit. Por lo tanto, el Ejecutivo comunitario está dispuesto a lanzar el procedimiento sancionador a Madrid y Lisboa el próximo martes 5 de julio.
El Ejecutivo comunitario tenía listo para adoptar el 18 de mayo una opinión negativa sobre los esfuerzos del Gobierno español para recortar el déficit por debajo del 3%, preparada por los responsables económicos, el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici. Pero las primeras sanciones en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que en última instancia terminarían en una multa de hasta el 2% del PIB (más de 2.000 millones de euros), fueron paradas en seco esa misma mañana por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. "Hemos concluido que este no es el momento correcto desde el punto de vista político o económico para dar este paso", justificó después el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. El francés anunció que la decisión llegaría a principios de julio.
La Comisión quería posponer una decisión tan polémica, y que encendería a todos los países del Sur, hasta que las aguas se hubieran calmado tras el referéndum británico y se hubieran celebrado las elecciones en España. Sin embargo, el momento no parece haber mejorado, más bien lo contrario, tras el apoyo dado por un 52% de los británicos a la salida de la UE.
Con las aguas tan agitadas, un grupo de países respalda los esfuerzos de España para escapar de la multa. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, volvió a aprovechar el rifirrafe con las economías ibéricas para cargar contra el Pacto de Estabilidad. Él ha liderado los esfuerzos, desde que llegó al poder, para aflojar el corsé fiscal y facilitar el crecimiento.
Guardianes de la ortodoxia
Pero la decisión del Ejecutivo comunitario de posponer la decisión sobre las sanciones hasta principios de julio, al tiempo que daba un año más a España para equilibrar sus cuentas, también ha sido atacada por los guardianes de la ortodoxia.
Al frente de ellos se colocaron el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, y el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem. Ambos han atacado a la Comisión por no aplicar las reglas con más rigor con estos países y sobre todo con Francia, al avisar que se está poniendo en cuestión la credibilidad del Pacto de Estabilidad. Una opinión de los servicios legales del Consejo (institución que agrupa a los Estados miembros) también cuestionó el procedimiento usado para otorgar un año adicional, hasta 2017, para recortar el déficit por debajo del 3% antes de decidir sobre las sanciones.
La última palabra la tendrán los ministros de Finanzas de la UE, quienes discutirán el 12 de julio las recomendaciones de la Comisión sobre los esfuerzos españoles y portugueses. Si los ministros respaldan el veredicto negativo de la Comisión, el Ejecutivo comunitario tendrá 20 días para decidir el tamaño de la multa. No obstante, las fuentes consultadas dudan que la Comisión utilice toda la multa que le permiten las normas, optando por un castigo simbólico, que también incluiría la congelación de parte de los fondos estructurales.
