A partir del año 2018 todas las empresas europeas contarán con un estándar común para facturar electrónicamente a las distintas administraciones públicas dentro de la Unión Europea. Esta medida, que sin duda facilitará las relaciones comerciales entre el sector privado y el público, puede suponer un problema para las administraciones públicas y las empresas españolas, que tendrían que realizar nuevas inversiones para adaptarse a dicho modelo, si el que utilizan actualmente (facturae) se desecha.
En España, desde el 1 de enero de 2015 los proveedores públicos están obligados a facturar a las administraciones por vía electrónica, siempre que los productos o servicios que les suministren superen los 5.000 euros. Esta operación se realiza a través del modelo facturae.
Tal y como explican desde Seres, empresa líder en el sector de la facturación digital, el cambio de estándar a nivel europeo puede dar lugar a dos escenarios.
Dos escenarios de implantación del nuevo modelo
En el primero de ellos, el formato facturae podría seguir utilizándose. De esta forma, la única que asumiría el coste del cambio sería la Administración. El sector público español asumiría también el estándar europeo y permitiría a aquellas empresas que lo deseasen emplearlo para facturar sus servicios.
En el segundo caso, el formato nacional podría migrar hacia el europeo, lo que, según Seres obligaría a que progresivamente "los operadores de las administraciones públicas deban ir cambiando sus sistemas para trabajar con la nueva versión que tendrá modificaciones significativas en su base. Esta situación ya ocurre en los sistemas de comunicación con los puntos de entrada que se han cambiado recientemente", apuntan en su último informe. Desde el Ministerio de Hacienda, de momento no se pronuncian sobre ninguna de estas posibilidades.
Varios plazos
El 16 de abril de 2014 se publicó la directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa relativa a la facturación electrónica en el ámbito de la contratación pública.
En su artículo 3, la Comisión solicitaba al Comité Europeo de Normalización que elaborase una norma a nivel comunitario para publicarla antes del 27 de mayo del año próximo. La Administración General del Estado está obligada a aplicar la norma antes del 27 de noviembre de 2018, mientras que existe algo más de margen en el caso de comunidades autónomas y entidades locales.
Evita las 'facturas en el cajón'
En nuestro país, la implantación de la factura electrónica ha sido decisiva para conocer al detalle la magnitud de la deuda comercial del sector público y para evitar el problema de las 'facturas en el cajón'.
De acuerdo con los últimos datos publicados por el Gobierno, el Periodo Medio de Pago a los proveedores de las comunidades autónomas subió ligeramente en marzo hasta alcanzar los 43,44 días (frente a los 30 días que marca la Ley de Morosidad).
Asturias, Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja abonan sus facturas a tiempo, sin incumplir el plazo legas. Las regiones que registran unos peores datos siguen siendo Extremadura y Aragón, que desde comienzos de abril se encuentran intervenidas por Hacienda, que ha pasado a abonar directamente los recibos a sus proveedores, detrayendo las cantidades necesarias para ello de los fondos que corresponden a ambas autonomías del modelo de financiación.
El sistema de la facturación digital se suma a los mecanismos de liquidez puestos en marcha por el Ejecutivo (como el Fondo de Liquidez Autonómico) y que han permitido a las administraciones territoriales saldar deudas pasadas y hacer frente con más recursos a los pagos presentes.
Aumenta el número de facturas digitales
El número de facturas electrónicas presentadas por las empresas y aceptadas por el sector público se incrementó un 6% el pasado mes de abril hasta los 669 millones. Comunidad de Madrid (1,02 millones), Andalucía (325.206) y Aragón (254.713) fueron las que recibieron más recibos digitales, y Galicia y las ciudades autónomas las que menos (ver gráfico). Prácticamente la mitad de los documentos (cerca del 49%) los recibieron las entidades locales, frente al 39% de las Comunidades o al 10% del Estado.