Los republicanos, en control de la Cámara de Representantes de EEUU, y la Administración Obama llegaban a última hora del miércoles a un principio de acuerdo para dar luz verde a Promesa, el proyecto de Ley de Supervisión, Gestión y Estabilidad Económica de Puerto Rico, que servirá de guía para la reestructuración de los 70.000 millones de dólares (unos 62.500 millones de euros) de deuda que ahogan al Estado Libre Asociado.
Tras una exhaustiva revisión del Comité de Recursos Naturales del Congreso, que podría votar el proyecto la semana que viene, la iniciativa pretende crear una junta de control para administrar las obligaciones financieras del territorio estadounidense y supervisar la reestructuración de la deuda. "Es la solución más responsable a la crisis, porque da a Puerto Rico un camino hacia una reforma real, mientras protege a los contribuyentes", reconoció el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien calificó el proyecto como "un compromiso justo, aunque difícil".
En el proyecto de ley, que ofrecerá a la isla un marco legal para reestructurar su deuda similar al que disfrutan las municipalidades estadounidenses bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, todavía se deben limar asperezas, como resolver quién serán los siete miembros que formarán parte de la junta de control que supervisará las finanzas de Puerto Rico. Los legisladores estadounidenses se han esforzado para que el texto impida que Obama rechace fácilmente a los nominados y la junta se elija con rapidez.
Además, dicha junta de control podrá exigir al Gobierno de Puerto Rico la creación de un plan fiscal, lo que incluye revisar la financiación para las pensiones, ya que la isla cuenta con un déficit de más de 40.000 millones de dólares en estos menesteres. Como ya estaba previsto, EEUU no destinará fondos federales para paliar la delicada situación que enfrenta el Gobierno de Alejandro García Padilla.
Precisamente, Padilla recurrió ayer de nuevo a un decreto de estado de emergencia para proteger de demandas a una agencia pública de la isla y preservar su decreciente liquidez. Esta decisión permite a la Autoridad de Carreteras y Transportes suspender la transferencia de ingresos por peaje a los tenedores de bonos, a la vez que impone una moratoria sobre los reclamos legales.
La última versión de la propuesta del Congreso estadounidense, respaldada por el Departamento del Tesoro, también elimina una polémica cláusula que habría transferido al Gobierno de Puerto Rico un terreno federal en la isla cercana de Vieques. El texto sí conserva una cláusula que permite al Ejecutivo puertorriqueño bajar los requisitos del salario mínimo federal para algunos trabajadores jóvenes.
