El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez recibió una indemnización de casi 350.000 euros tras abandonar su cargo en la institución y antes de pasar a la jubilación y empezar a cobrar la pensión pública.
Así consta en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento de la normativa en materia de indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de determinadas entidades del sector público estatal de los años 2012 a 2014. En concreto, Fernández Ordóñez, cesado el 8 de junio de 2012 como gobernador del Banco de España, recibió exactamente 348.751 euros en concepto de indemnización al serle de aplicación el régimen de incompatibilidades que le impide ejercer actividad profesional alguna relacionada con las entidades de crédito o con los mercados de valores.
El Tribunal de Cuentas considera "adecuado" el cálculo de esta compensación, aunque incluyera todas estas dietas y complementos, pero destaca que el Banco de España no ha hecho públicas las indemnizaciones percibidas por Fernández Ordóñez por su cese.
El importe gastado en total por el Banco de España en compensaciones abonadas entre 2012 y 2014 ascendió en total a 671.712 euros, ya que además de la indemnización a Fernández Ordóñez se pagó otra al exsecretario general José Antonio Alepuz, de 322.961 euros, quien había optado por dejar voluntariamente su puesto en 2011 para fichar por la Caixa en Caixaholding.
Tanto en este caso como en el del exgobernador Fernández Ordóñez, el Tribunal de Cuentas "no aprecia tacha de legalidad", por lo que se desprende que estuvieron ajustadas a la normativa.
El Tribunal de Cuentas analiza también en el mismo informe de fiscalización las indemnizaciones por cese recibidas por altos cargos en otras entidades, entre las que se incluyen, la CNMV, la CNE, la CMT, la CNC, la CNSP (Comisión Nacional del Servicio Postal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consejo de Seguridad Nuclear.
El número de altos cargos en activo en las entidades fiscalizadas ascendía en ese período a 112, y entre 2012 y 2014 fueron cesados en estas entidades 55 altos cargos con derecho a indemnización, de los que 45 percibieron prestaciones compensatorias que sumaron más de 4,4 millones de euros en su conjunto y diez renunciaron a ellas.
Además, el organismo fiscalizado del Estado resalta que hubo directivos en el Instituto Cervantes, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, la UNED, la CNMV, RED.es, el Consorcio de Compensación de Seguros, el ICEX, la extinta Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y la CNMC que tuvieron retribuciones por antigüedad, y El Prado también pagó gratificaciones por servicios extraordinarios a altos directivos, pese a que dichos conceptos no están previstos en la normativa.
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