En pleno debate sobre si Cataluña debe, o no, subir el IRPF a las rentas más altas, ayer la Generalitat dio a conocer los primeros datos de recaudación del impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno por parte de la aviación comercial. Es decir, sobre las aerolíneas que se dedican al transporte de pasajeros, ya que el tráfico de mercancías está exento.
Esta tasa, que se liquida desde febrero, ha generado unos ingresos de 0,71 millones de euros a la Generalitat de Cataluña, que pronostica que ingresará este año 3,93 millones de euros gracias a ella.
Los impuestos medioambientales (que Carles Puigdemont está impulsando) se han convertido en los favoritos de la Generalitat. La CUP, partido con el que el Gobierno negocia el anteproyecto de Presupuestos, es favorable a este tipo de tasas y también a aquellas relacionadas con el turismo (Cataluña cuenta con un impuesto que grava los establecimientos turísticos).
De hecho, la Generalitat progresa en tasas medioambientales y anunció hace unos meses la creación de un nuevo gravamen sobre las emisiones de los automóviles.
60 millones perdidos
Los ingresos obtenidos del impuesto sobre las aerolíneas comerciales, son insuficientes para compensar el que Cataluña imponía sobre la generación de energía nuclear, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional. En una entrevista con elEconomista, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, reconoció su preocupación por la anulación de esta tasa, con la que esperaban ingresar 60 millones. Aragonès insistió en que el continuado freno en el Constitucional a los impuestos propios es un freno a los esfuerzos de Cataluña por cumplir con el déficit.
