La cumbre contra la corrupción auspiciada por David Cameron ha reabierto el debate sobre el doble rasero a la hora de condenar el escapismo fiscal. Después de que el primer ministro sufriese el escarnio de haber sido grabado cuando calificaba de "increíblemente corruptos" a algunos de sus invitados, ayer tuvo que presenciar cómo sus esfuerzos por generar estándares topaban con la acritud de territorios británicos de ultramar, molestos con las demandas que se les exigen, cuando gigantes como EEUU aún albergan plazas opacas.
Sólo seis países, incluyendo a Reino Unido, se comprometieron a adoptar el registro público propuesto por Cameron para que todas las compañías con intereses en un país tengan que declarar sus activos: Francia, Holanda, Kenia, Nigeria y Afganistán, estos dos últimos, precisamente, los criticados por el premier por su grado de corrupción.
La clave contra esta lacra, según algunos de los representantes de las dependencias de la Corona británica, es acabar con lo que consideran la "hipocresía" de Estados EEUU a la hora de luchar por la transparencia. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, defendió que la Administración Obama había anunciado medidas, pero recordó que se trata de una materia que compete al CongresoNo en vano, este país cuenta con casos cuestionados, como los estados de Delaware o Wyoming, que albergan a decenas de miles de empresas atraídas por sus ventajas fiscales.
Pese a ausencias destacadas de sospechosos habituales como la FIIFA, o las Islas Vírgenes, la cumbre fue capaz de alumbrar hitos como el establecimiento de un plan global para ayudar a recuperar activos robados, para lo que el próximo año precisamente Estados Unidos albergará un foro en colaboración con Reino Unido, con el apoyo de la ONU y del Banco Mundial, el primero que se celebra de estas características.
