La Comisión Europea (CE) publicará este martes sus previsiones macroeconómicas para España y el resto de países de la Unión Europea (UE), en las que revelará si ve factible la nueva senda fiscal presentada por el Gobierno en funciones y las proyecciones de crecimiento de Madrid hasta 2017.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, presentará a las 09.00 GMT las previsiones de primavera de la CE para el cierre de 2015 y los ejercicios 2016 y 2017 de cada país miembro, el conjunto de los Veintiocho y la eurozona.
En sus últimas previsiones de febrero, la CE calculó que el PIB de la eurozona avanzará este año el 1,7%, y el 1,9% en 2017, en tanto que el conjunto de la UE lo hará en 2016 al ritmo del 1,9% del PIB y al 2% el año próximo.
En el caso de España, elevó una décima su previsión de crecimiento tanto para este año como para el próximo, hasta el 2,8% y 2,5% del PIB respectivamente, y empeoró sus estimaciones sobre el déficit hasta el 3,6% y el 2,6%.
El FMI, por su parte, rebajó a mediados de abril al 2,6% el crecimiento de España en 2016 y lo dejó en 2,3% en 2017. El Gobierno en funciones mientras, sitúa sus nuevas previsiones en el 2,7% del PIB este año y en el 2,4% el próximo.
En cuanto al déficit, tras varios avisos en forma de informes, declaraciones y una recomendación autónoma, el Gobierno en funciones envió el viernes la actualización del programa de estabilidad a Bruselas y el de reformas, con una senda fiscal más relajada y contando con un año de margen para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB, algo que debía haber hecho ya este año.
Tras cerrar 2015 con un déficit del 5%, ocho décimas por encima de lo exigido, el Gobierno ha fijado como objetivos de déficit un 3,6% en 2016 y un 2,9 % en 2017.
Un ajuste de 4.000 millones
Para cumplir con el 3,6% del PIB propuesto, España hará un ajuste del gasto en los ministerios de 2.000 millones de euros, a los que se sumarán 2.037 millones por parte de las comunidades autónomas y 729 millones procedentes del ahorro generado por el proceso de reforma de las administraciones públicas (CORA).
Las proyecciones de la CE revelarán si coincide con los cálculos de España y si puede dar un año adicional al país o si ve necesario incluso dos.
España espera para mediados de mayo una opinión negativa de la CE sobre las medidas que ha tomado en 2015 para reducir el déficit y teme una multa, la cual intenta evitar.
Alega que en buena medida el incumplimiento del déficit ha sido por la desviación negativa de la inflación española respecto a lo previsto por la Comisión en 2013, apunta a determinadas operaciones extraordinarias de gasto y pide tener en cuenta el esfuerzo estructural efectuado a lo largo de los años y no solo en 2015.
Si la opinión negativa de la CE -que no impide que España reciba más tiempo- es aprobada por los socios al constatar éstos que España no ha tomado medidas eficaces para corregir la situación, la Comisión debe, en un plazo de 20 días, recomendar al Consejo una multa del 0,2% del PIB, según la regulación.
España sería el primer socio en recibir una penalización por incumplimiento del déficit, pero ésta puede ser reducida o cancelada incluso por la CE por razones de "circunstancias económicas excepcionales" o tras una solicitud razonada recibida por parte del país en un plazo de diez días, de acuerdo con la legislación.
