La Comisión Europea dirá sí el martes a la revisión del Programa de Estabilidad hasta 2019, admitiendo la prórroga de un año, hasta 2017, en la senda de consolidación fiscal, aunque es probable que rebaje en alguna décima el objetivo de déficit del 3,6 por ciento que el Gobierno propone para este año y proponga realizar algunos ajustes adicionales para el presupuesto de 2017.
Así lo confirmaba ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien -en declaraciones a elEconomista tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros- subrayaba que "sí van a aceptar el déficit del 2,9 por ciento del PIB para 2017, y eso es lo importante".
El titular de Economía esperaba también que Bruselas establezca algún tipo de sanción a España por la desviación en el objetivo de déficit de 2015. "El incumplimiento del déficit lleva implícito un procedimiento de sanción", explicó De Guindos, que puede traducirse en "una multa de 2.000 millones de euros, o no imponer multa, pero sí nuevos ajustes o más recortes, ya para el año 2017".
Para los próximos años, el Gobierno en funciones espera que el grueso del déficit recaiga cada vez más en el Estado y la Seguridad Socia. Así, los Ayuntamientos presentan como objetivo el equilibrio para los próximos cuatro años, mientras que las comunidades autónomas reducirán su déficit al 0,7 por ciento del PIB en 2016, al 0,5 por ciento en 2017, al 0,3 por ciento en 2018 y al equilibrio en 2019.
Por su parte, el Estado prevé un déficit del 1,8 por ciento en 2016, del 1,5 por ciento en 2017, del 1,1 por ciento en 2018 y aún del 0,9 por ciento en 2019. En paralelo, la Seguridad Social tendrá que reducir su saldo negativo al 1,1 por ciento en 2016, al 0,9 por ciento en 2017, al 0,8 en 2018 y al 0,7 por ciento del PIB al final del cuatrienio. Esto supone que la Seguridad Social se mantendrá en situación de déficit durante todo este periodo.
Por el lado de los gastos, el ministro de Hacienda avanzó que la intención del Gobierno es que vayan perdiendo peso sobre el PIB pasando del 41,9 en 2016 al 40,1 en 2019. Sin embargo, precisó que el gasto en protección social (desempleo, pensiones y dependencia), aumentará un 7 por ciento, pasando de 187.258 millones en 2016 a 200.396 millones en 2019, "No ha habido recorte alguno en protección social desde 2007 y no lo va a haber", enfatizó Montoro.
El gasto en salud crecerá también desde 66.699 millones de euros este año a 72.412 millones en 2019, mientras que en educación se pasará de 43.627 millones a 47.504 millones al final del periodo con estas previsiones.
El nuevo cuadro macroeconómico prevé que la deuda pública cierre este año en el 99,1 por ciento del PIB -la deuda del Estado se situó en marzo en 938.275 millones de euros, el 1,41 por ciento más- y que se vaya reduciendo paulatinamente hasta el 96 por ciento en 2019. Esta previsión se ha elaborado contando con una caída en el pago de intereses de 25.000 millones.
