La reacción ciudadana y sindical contra la reforma laboral en Francia, de reconocida inspiración en la llevada a cabo por el Partido Popular de Mariano Rajoy en España en 2012, es buena prueba de que los franceses no están dispuestos a renunciar, sin plantar cara, a una serie de conquistas sociales esenciales y a un nivel de protección laboral por encima de la media europea.
Desde que el Gobierno socialista de François Hollande aprobase la medida, hace algo más de un mes, las movilizaciones, con enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, aunque han perdido fuelle, no han cesado. El movimiento indignado Nuit Debout, que ya ha sido tildado de 15-M a la francesa, ha ocupado las principales plazas del país pero, por el momento, no ha logrado tumbar el proyecto de ley bautizada como El Khomri, en referencia a la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri.
Si bien la presión sindical logró arrancar al Ejecutivo algunas concesiones que suavizan el tono de los puntos más polémicos de la reforma, el proceso de debate continúa en la Asamblea y el Senado en el presente mes de abril, y en mayo, respectivamente. Sobre la mesa, controvertidas medidas como la flexibilización del tiempo de trabajo. Actualmente, Francia es el único país de la Unión Europea que mantiene una semana laboral de 35 horas, frente a las 40 horas semanales en España. En teoría, la propuesta del Gobierno de Hollande no acaba con este logro icónico de la izquierda francesa pero, en la práctica, los críticos aseguran que introduce "innumerables" posibilidades para superarlas sin penalizaciones.
En efecto, la reforma lleva implícita la posibilidad de alargar la semana laboral hasta las 48 horas e, incluso, hasta 60 en circunstancias excepcionales y "con previa autorización". Pero el pago de las horas trabajadas por encima de las 35, consideradas extra, podría verse reducido desde el 25% que aplican la mayoría de las empresas francesas hasta el 10%, obviando el convenio colectivo.
Precisamente, otro de los principales puntos de fricción entre el Ejecutivo y los sindicatos galos es la limitación del papel de estos últimos en la nueva norma, al primar las negociaciones empresariales sobre los convenios colectivos. En este sentido, una de las grandes batallas de las organizaciones sindicales se libra en el campo de la indemnización por despido. El proyecto de ley establece que los empresarios podrán justificar los despidos en base a motivos puramente económicos, como una caída en los beneficios o en la cantidad de pedidos. Además, las indemnizaciones pasarán de los cuatro meses de trabajo actuales cuando la antigüedad del empleado sea inferior a dos años, a solo tres, y quedarán limitadas a 15 meses de salario en lugar de entre 24 y 27 para trabajadores que superen los 20 años en la empresa.
Con todo, el nivel de protección de los empleados franceses seguiría superando al de los españoles. La reforma laboral de 2012 instauró en nuestro país el "despido objetivo", que permite a las empresas echar a los trabajadores por causas económicas con una indemnización de 20 días por año trabajado.
Por mencionar otro de los cambios sustanciales en las condiciones laborales, lo relativo a los salarios constituye otro de los aspectos de la reforma que provoca mayor indignación sindical. Según el proyecto, la empresa podría modificar un contrato de trabajo con el acuerdo del trabajador pero sin alterar su remuneración. Esta disposición pone en peligro el salario mínimo francés, fijado en 1.466,62 euros, uno de los más elevados de Europa. En España, el salario mínimo interprofesional es de 756,70 euros.
Realidades laborales distintas
Desde que se filtrase a la prensa el contenido de El Khomri, las comparaciones con la reforma laboral española han centrado las discusiones de los expertos, que coinciden en señalar que la problemática laboral francesa es bien distinta y no tan grave como la que se daba en nuestro país en el año 2012.
"La situación del mercado laboral español era excepcional y, como tal, fue necesario tomar medidas excepcionales", recuerda el abogado experto en laboral, Jesús María Larumbe. Las cifras hablan por sí solas: mientras la tasa de paro en España superaba el 22,8% por aquel entonces, hoy el desempleo francés ronda el 10%.
Cabe preguntarse entonces qué ha llevado al Ejecutivo galo a inspirarse en nuestra contestada reforma laboral de 2012, precedida por la implementada dos años antes por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A la vista de los datos, el director general de IMF Business School, Carlos Martínez, considera que "en los últimos años, Francia ha visto cómo su paro se incrementa de forma lenta pero continua y, ante esta situación, y observando los resultados en España, ha decidido actuar".
A ojos de los analistas, estos resultados también se constatan en cifras. "Antes de la reforma, España debía crecer entre el 2,5 y el 3% para crear empleo; después, empezamos a crearlo con un crecimiento del 1,2%", destaca Martínez, para quien la derogación de la reforma laboral que proponen ahora algunas formaciones políticas y el retorno al marco legal anterior sería "contraproducente" para la inversión y el empleo.
En esta línea, Larumbe, que considera "desmesurada" la reacción sindical a El Khomri, advierte de que derogar la reforma española "sería un error que pagaríamos durante mucho tiempo". "Lo que hay que hacer es mejorarla", insiste.
