El plan de estabilidad enviado este mes a la Comisión Europa, y que incluye la cifra del déficit del 3,6% del PIB para este año, representa la confesión por escrito del Gobierno español ante las autoridades comunitarias de su incumplimiento con el objetivo de déficit del 3%, tal y como se había comprometido bajo el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
La pregunta ahora es si la Comisión inaugurará el próximo mes sus sanciones de las reglas fiscales con España, para castigar esta apropiación no autorizada del tiempo extra, o si tirará de cintura política para no agitar un tablero político ya abarrotado de desafíos.
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, explicó el pasado fin de semana, tras la reunión con sus colegas europeos en Amsterdam, que España ha conseguido una reducción significativa del déficit de más de cuatro puntos porcentuales durante la legislatura. Añadió que nuestro país se vio perjudicado por el pinchazo de la inflación, lo que afectó al crecimiento nominal. Aun así, el Gobierno emprendió reformas que ningún otro gobierno europeo se ha atrevido a aprobar, como en el mercado laboral.
En este sentido, De Guindos ha negado que la economía española necesite ajustes tan duros como los acometidos en 2012 para cumplir con el nuevo objetivo de déficit flexibilizado al 3,6% del PIB para este año.
El análisis comunitario
El argumentario español colisiona, no obstante, con una pila de datos que dejan pocas excusas para que Bruselas no se incline por las sanciones. Nuestro país ha sido incapaz de recortar el déficit por debajo del 3% del PIB a pesar de las tres prórrogas que ha recibido desde el inicio de la crisis (la última en 2013). Más aun, el déficit ha tenido que ser revisado al alza hasta dejarlo en un 5,1% en 2015. Además el Gobierno del PP, no ha aplicado ningún esfuerzo estructural desde 2014, tal y como advirtió Bruselas al dar su opinión sobre el presupuesto para 2016. El descuido con las cuentas, con el que coincide el FMI, ya fue advertido en la carta que envió Bruselas a España el pasado marzo, y también durante la quinta revisión tras el rescate bancario concluida este mes.
La Comisión no se cansa además de recordar que, a pesar de las reformas aplicadas, nuestro país continúa mostrando "serios" desequilibrios macroeconómicos, sobre todo el elevado desempleo, además del preocupante nivel de endeudamiento.
España recuerda la manga ancha que mostró el pasado año el comisario de Economía, Pierre Moscovici, cuando otorgó a su antiguo jefe, el presidente francés François Hollande, dos años más para recortar el déficit.
Francia también había incumplido reiteradamente sus obligaciones con el déficit, y ganó la prórroga gracias al "esfuerzo fiscal hecho desde 2013 y la debilidad actual de las condiciones económicas". Madrid podrá apuntar también el complicado cuadro económico actual, pero los 2.000 millones de ajustes aprobados ese mes difícilmente servirán para camuflar media legislatura descuidando la trayectoria fiscal marcada por la UE.
Moscovici y el vicepresidente de la Comisión para el euro, Valdis Dombrovskis, representan las dos posiciones enfrentadas sobre qué postura tomar. El socialista francés considera que las sanciones representan un "fracaso", y defiende que se consigue más dialogando, como cuando arrancó 4.000 millones de euros de ajuste adicional a Francia a cambio de la prórroga. Sin embargo, Dombrovskis, miembro PP europeo, pertenece al campo de los defensores de la disciplina fiscal a rajatabla.
Una posible reacción negativa
El laboratorio de ideas Bruegel, resume la opinión extendida de que España (u otro país) "nunca será sancionada", porque políticamente traería una "reacción negativa". Con un déficit agregado para la eurozona ya por debajo del 3% del PIB, un crecimiento que lucha para mantener el pulso, y demasiados desafíos sobre la mesa lo último que quiere Bruselas es abrir otro frente. España podría, eso sí, ser multada aunque no reciba la multa de hasta el 0,2% del PIB.
