El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha vinculado hoy la recepción de los recursos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no sólo a la presentación de los planes de ajuste de las comunidades, sino también a la aprobación de los acuerdos de no disponibilidad.
Montoro, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de hoy, ha dejado claro que las comunidades son "responsables de los plazos" en los que reciban esos fondos en la medida en que si el ministerio les dice que sus planes no están completos, deben tomar las medidas oportunas.
"El FLA se cobrará cuando estén aprobados los planes de ajuste en el ministerio", ha zanjado, y ha advertido de que si no se presentan esos planes y si las comunidades que incumplieron el déficit en 2015 no aprueban acuerdos de no disponibilidad de gasto, "no es que sea complicado, es que es imposible pagar".
Ha recordado, además, que el ministerio puede retener recursos para pagar directamente a los proveedores, como, de hecho, ha comunicado a Extremadura y Aragón que hará.
El acuerdo de no disponibilidad se refuerza "como nueva condicionalidad" a las comunidades incumplidoras para la recepción del FLA, ha admitido, pero ha argumentado que el Gobierno también está dispuesto a recortar 2.000 millones del presupuesto por no haber cumplido.
No obstante, ha reconocido que algunas comunidades ya tienen en sus presupuestos planes que permiten ser optimistas respecto a la reducción del déficit.
Sea como sea, se ha mostrado convencido de que todas las comunidades están comprometidas con la estabilidad presupuestaria como requisito imprescindible para consolidar la recuperación económica y seguir creando empleo.
Preguntado por si se fía de que todas las comunidades tengan ese compromiso, Montoro ha señalado que "no es cuestión de fiarse o no", sino que "es cuestión de aplicación de las leyes". "No es cuestión de confianzas, sino de seguridad y fiabilidad en la aplicación de las leyes", ha remachado.
También se ha detenido especialmente a la hora de indicar que los recursos extra que tendrán las comunidades este año, de más de 10.000 millones -unos 7.000 por la liquidación positiva de ejercicio de 2014 y otros 3.600 por las medidas de ahorro- deberían dedicarse a paliar el déficit en cada caso.
La voluntad del Gobierno es que estas medidas incluidas en la ley de estabilidad presupuestaria, que por primera vez se está aplicando en el ámbito coercitivo, se hablen en reuniones bilaterales con las comunidades.
Y las ha invitado a todas a que se sumen a actuaciones que permitan mejorar el gasto de las farmacias acogiéndose a los protocolos que firmó el Gobierno con la industria farmacéutica a finales de año, o al sistema de facturas electrónicas para tener un mayor control.
