Economía

El Gobierno llevará a Bruselas un recorte de gasto de sólo 5.000 millones

  • Confía en mejorar los ingresos y estudia un impuesto medioambiental
  • El Plan de Estabilidad relajará el déficit entre el 3,5 y el 4% del PIB

La revisión del Programa de Estabilidad que el Gobierno deberá presentar en Bruselas antes de final de mes incorporará un recorte del gasto presupuestado para 2016 de sólo unos 5.000 millones de euros, cifra muy inferior a la que obligaría el desvío de casi un punto en el cumplimiento de los objetivos de déficit público comprometidos con las autoridades comunitarias.

Aplicando estrictamente el cálculo matemático, la diferencia entre el objetivo de déficit del 2,8% del PIB pactado con la CE para este año y el 5% a que ascendió el resultado final de 2015, el recorte de gasto a aplicar debería situarse en torno a 24.000 millones de euros.

Sin embargo, las cifras sobre las que trabajan los Ministerios de Economía y de Hacienda son sensiblemente inferiores al aplicar medidas correctoras como la flexibilización de los objetivos de déficit, la mejora del ciclo económico o alguna subida fiscal en materia de impuestos indirectos.

En concreto, la hipótesis que baraja en este momento el Gobierno, y que contaría con el consenso de una mayoría de grupos de la oposición es plantear a la Comisión Europea una relajación de los compromisos de déficit que permita elevar en un punto el objetivo para 2016, con lo que pasaría del 2,8% actual a una cifra entre el 3,5 y el 4% del PIB.

La aceptación por las autoridades comunitarias de esta propuesta permitiría al Gobierno español reducir el recorte de gasto en más de 10.000 millones de euros. En el conjunto del Programa de Estabilidad, España pretende negociar con Bruselas disponer de un año más, hasta 2019, para alcanzar el objetivo de déficit cero. Una prórroga que figura también en los acuerdos pactados entre el PSOE y Ciudadanos.

Ingresos fiscales

Además de la prórroga, las estimaciones del Ejecutivo apuntan a una consolidación de la mejora del ciclo económico, lo que permitiría aumentar la recaudación fiscal, que en el caso del IRPF se elevaba a 72.346 millones de euros al cierre de 2015, muy próxima al máximo histórico de 72.614 millones que se registró en el año 2007. Esta mejora del ciclo económico permitiría, en las estimaciones del Gobierno, aumentar también la recaudación de las cotizaciones sociales por la mejora del empleo y reducir, así, el déficit del Sistema de la Seguridad Social.

Un tercer elemento con el que juega el Ministerio de Hacienda es el superávit de las corporaciones locales, que se ha cerrado provisionalmente en el 0,44%, pero que, en palabras del ministro Cristóbal Montoro, "podría ser mejor"; y en septiembre, cuando haya que enviar esos datos más avanzados a Eurostat, "podría mejorar alguna décima, como ha venido ocurriendo", lo que permitiría dejar de recortar otros 1.000 millones de euros más en el gasto presupuestado.

Y para completar las medidas correctoras, el Ejecutivo estudia también la posibilidad de implantar algún impuesto de carácter medioambiental, que no necesita consultar con las comunidades autónomas y, con ello, completar una mejora sustancial de los ingresos previstos en la Ley Presupuestaria.

El riesgo con que se enfrenta el Programa de Estabilidad revisado que presentará el ministro de Economía, Luis de Guindos, es que en la Comisión Europea ya no se fían de España, o al menos ya no tanto como antes, y van a exigir una justificación de cuentas y unos compromisos rigurosos, con especial atención a las cuentas de las comunidades autónomas.

Es por este motivo por el que, aunque tarde, al ministro de Hacienda se le ha agotado ya la paciencia con los dispendios regionales y no va a dudar en intervenir a las incumplidoras. Al menos eso dicen en privado e insinúan en público, donde utilizan recursos lingüísticos, porque parece que les da reparo utilizar el verbo intervenir.

Tampoco el Fondo Monetario Internacional (FMI) se cree los compromisos españoles y en su informe de Perspectivas presentado el martes, prevé que nuestro déficit público se sitúe este año en el 3,4% del PIB para bajar al 2,5 en 2017, frente al 2,8 el 1,7%, respectivamente, de las metas acordadas con la CE.

Ayer, el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, afirmaba que el Gobierno "tendrá en cuenta" las opiniones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de Bruselas y de los partidos políticos en el nuevo Programa de Estabilidad.

Guindos indicó que aunque el Programa no está cerrado incluirá un cuadro macroeconómico "realista". Y en referencia a las comunidades autónomas, resaltó que "no echa la culpa a nadie" cuando va a Bruselas. "Yo, cuando me siento en el Ecofin o en el Eurogrupo, soy responsable del 5% del déficit, aunque lógicamente se tiene que saber dónde se origina", precisó.

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