La publicación de los datos oficiales de déficit de las comunidades autónomas correspondientes a 2015 no hicieron más que confirmar lo evidente: algo falla en un sistema en el que sólo tres regiones -País Vasco, Galicia y Canarias- lograron cumplir con el objetivo marcado por el Gobierno central -de un máximo del 0,7%-. Entre las peor paradas, una vez más, Murcia, con un 2,52%, y la Comunidad Valenciana, con un 2,51%, tercera y cuarta, respectivamente, por mayor incumplimiento, a pesar de las políticas de ajustes y contención de gastos. Cataluña aumenta 900 millones sus gastos pese a los problemas de liquidez.
A las deficiencias de un sistema de financiación autonómica pendiente de revisión -cubiertas con transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica, que contribuyen a engordar el volumen de deuda-, se suma la factura que arrastran ambas comunidades por los casos de despilfarro, corrupción y mala gestión de las últimas décadas, configurando una 'tormenta perfecta' para las cuentas públicas.
20 años de gestión, a revisión
La Comunidad Valenciana cerró 2015 con 41.753 millones de euros de deuda -equivalentes al 41,3% del PIB autonómico, frente al 6,5% en que se situaba en 1995-, mientras que el 0,7% del déficit -unos 708 millones- son atribuidos a "los pufos y los gastos imprevistos debidos a decisiones, medidas o errores del anterior Consell y que han tenido que ser aflorados o corregidos por la actual Administración", según el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
La lista de investigaciones sobre la gestión de organismos, instituciones, empresas y contratos públicos crece prácticamente cada mes. Los datos manejados a nivel oficial hablan de un impacto de los casos de corrupción en las arcas públicas de en torno al 4% del PIB regional -unos 4.000 millones- entre 2003 y 2014, a los que habría que sumar el coste de la política de macroproyectos y grandes eventos de los gobiernos de Zaplana, Olivas y Camps, estimado -en el año 2013-, en 5.225 millones por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas -Ivie-. Una cifra que ha seguido creciendo en los dos últimos años, a medida que salían a la luz irregularidades y deudas ocultas y se generaban nuevos sobrecostes.
El Gobierno de Zaplana apostó por una estrategia de grandes proyectos, que Camps reforzó con los grandes eventos. La región vivía una época de bonanza, al calor del boom inmobiliario, y se abordaron ambiciosas actuaciones en diferentes ámbitos -turístico, deportivo, cultural y ocio-, con ingentes inversiones que, como ha quedado de manifiesto, no estaban respaldadas por adecuados estudios de viabilidad.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias, Terra Mítica, la visita del Papa, el Aeropuerto de Castellón, Ciudad de la Luz, dos ediciones de la Copa del América de vela, cinco años de Fórmula 1, la ampliación de Feria Valencia, el sobredimensionamiento de Canal 9 -con una deuda de más de 1.300 millones- o los Valencia Summit (organizados por Nóos) son sólo algunos de los casos de sobrecostes y deudas 'milmillonarias' que los valencianos tardarán décadas en amortizar.
Una estrategia y unos proyectos que sirvieron de caldo de cultivo para las tramas de corrupción -de Gürtel a Púnica, pasando por Nóos, Brugal, Emarsa, Vaersa y el reciente 'caso Imelsa'-, que han acabado con 20 años de poder absoluto del PP en la región y la han situado bajo la lupa de Bruselas, que exige saber si hay fondos comunitarios en proyectos bajo investigación.
La corrupción y su impacto en términos de imagen y desarrollo económico ha escalado hasta el primer puesto de las preocupaciones del mundo político y empresarial.
Proyectos insostenibles
Murcia siguió, durante años, los pasos de la Comunitat Valenciana, con macroproyectos insostenibles y costosos que han disparado su deuda. Ésta cerró 2015 en 7.601 millones de euros, equivalentes al 27,3% de su PIB -porcentaje que en 2005 era sólo del 2,9%-.
Macrourbanizaciones con miles de viviendas y campos de golf -la mayoría, paradas por la crisis-, autopistas deficitarias y casi desiertas, un aeropuerto -el de Corvera- 'fantasma' y una televisión pública claramente deficitaria son algunos de los ejemplos.
En el caso murciano, hay que tener también en cuenta los costes derivados de los daños causados por el terremoto que sufrió el municipio de Lorca, en 2011.
