En su endurecimiento de las medidas para contener el déficit autonómico y en tanto la indisciplina se agrave, el Gobierno contempla extremar la exigencia de los requisitos aparejados a la recepción de dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Se trata de una mayor dureza que llevaría a contener la plantilla pública en tanto la autonomía afectada incumpla y a supervisar y controlar mes a mes la evolución de los esfuerzos de contención del gasto.
Se trataría de una condicionalidad extraordinaria similar a la que se aplicó a Cataluña en noviembre, que se concreta en diversos aspectos: desde la obligatoriedad de conectarse al punto general de entradas FACe, para supervisar en qué se está gastando el dinero en tiempo real o la publicidad de los planes de ajuste, hasta el reporte mes a mes por parte de la Intervención sobre la ejecución del Presupuesto, pasando por adhesiones a centrales de compras previstas en la ley o la denegación de la aplicación de la tasa de reposición de efectivos en tanto la región afectada incumpla.
Todo ello dentro del marco de que los fondos del FLA priorizarán en todo momento el gasto en servicios públicos fundamentales, como sanidad, educación y servicios sociales.
Traslado a Bruselas
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos, tras el dato de cierre de 2015 (España cerró con un déficit del 5,2% del PIB, un punto más del límite), ha intensificado los esfuerzos por ofrecer unas medidas de actuación que reconduzcan el agujero autonómico que involucra ya a 14 incumplidoras. Y el Gobierno ha comunicado a Bruselas las actuaciones que prevé arbitrar ante el desvío adicional sobrevenido en las cuentas autonómicas de 2015 durante el último tramo del ejercicio. Fuentes del Ejecutivo destacan que el comisario Pierre Moscovici ha mostrado una buena acogida a la estrategia que ahora impulsa el Ejecutivo en funciones, tras el malestar previo con la deriva de las cuentas públicas españolas.
No en vano, la Comisión Europea saluda ahora los planes del Ejecutivo porque viene demandando de España la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, marco normativo que habilita al Ejecutivo para extremar la disciplina con las autonomías más díscolas. Ello amén de las reiteradas recomendaciones a España de que haga más deberes en políticas activas de empleo, entre otras medidas.
La recomendación autónoma que envió Moscovici el pasado 9 de marzo puso negro sobre blanco el descontento y el enésimo aviso sobre el desvío autonómico. En cualquier caso, fuentes próximas al Gabinete económico del Gobierno destacan que la CE admite que países descentralizados como España, Bélgica, Alemania y Austria presentan situaciones institucionales diferenciales que hay que contemplar al analizar sus cuentas públicas. Eso sí, la Comisión viene siendo clara: el vacío de poder tras las elecciones no eximirá de hacer ajustes.
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