Tiene fama de dialogante y así lo acreditan sus interlocutores de la patronal catalana en la negociación social. Moderado en las formas y en sus planteamientos, pero firme en la defensa de sus principios, quienes le conocen aseguran que, a sus 60 años, su elección como secretario general de la UGT es el premio a toda una vida dedicada al sindicato. Aunque en catalán es habitual que le llamen Josep Maria, el apelativo de Pepe, como es conocido en el sindicato, se lo puso Pasqual Maragall, quien le presentó así en una rueda de prensa en 1983.
Tras ser elegido secretario general, reconoció que UGT está distanciado de la sociedad. ¿Qué van a hacer para recuperar el contacto con la realidad social del país?
La caída es consecuencia básicamente de las empresas que han cerrado por la crisis y de los delegados que hemos perdido por esos cierres. Tenemos en España en torno a 90.000 delegados, que son los que, en estos días pasados tan duros, han mantenido el sindicato. Es en la sociedad donde hemos pegado una bajada importante. Éste es el punto donde tenemos que enganchar con un lenguaje claro y directo que nos ayude a volver a ser la voz de los que no tienen voz.
Y los casos de corrupción, como los ERE de Andalucía, la formación, las facturas infladas... ¿no han pasado factura en forma de pérdida de credibilidad y de afiliados?
Que nos ha afectado es seguro. No sabría decir cuánto hay de esto y cuánto de lo otro, pero seguramente estos casos han afectado más a la moral y a la capacidad de respuesta que a la propia afiliación o a la gente que haya podido dar la espalda al sindicato. Somos una organización de organizaciones y el 99 por ciento del sindicato es gente honrada y decente.
¿Qué piensa hacer la nueva dirección para corregir estas conductas?
Primero, no dar por sentado que esta organización ha tenido un comportamiento corrupto en la medida que hemos podido leer. En lo que se refiere a los ERE de Andalucía, hay casi 7.000 personas a las que se ha hecho un puente a la jubilación, que es lo que realmente tiene importancia, entre ellos están los 70 intrusos y alguien tendrá que explicar por qué están en los ERE que no les tocaban. Y, por cierto, de estos 70, de la UGT, poquitos. Por tanto, no será el sindicato el único que tendrá que dar explicaciones. En relación con las tarjetas black, es necesario un código de compatibilidades e incompatibilidades, y vamos a llevarlo a cabo. Además, somos la primera organización que cuenta con una Comisión del Código Ético, con siete personas, cuatro del sindicato y tres externas, todas ellas personas muy nobles que van a vigilar el comportamiento del sindicato.
¿Hace autocrítica, pese a ser un recién llegado al mando de UGT?
El Congreso puso un punto y aparte. No nos volverán a pasar ciertas cosas, porque vamos a poner en marcha un sistema de gestión de la administración del sindicato más transparente. Si finalmente aparece alguien que incumpla lo establecido, tendrá nombre y apellidos, y el propio sindicato será el que tendrá que ejercer como acusación y no sólo tomar medidas desde el punto de vista interno, sino también desde el jurídico. En todo caso, pido perdón porque creo que el sindicato debe llevar a cabo una gestión económica más austera y más de acuerdo con la realidad de la ciudadanía.
En alguna ocasión se les ha tachado de ser el sindicato del sistema...
Para mí y para la UGT de hoy, el sistema no es el fin sino el medio para conseguir nuestros objetivos. Un sistema que pone a las puertas de los juzgados a 300 sindicalistas por ejercer el derecho a la huelga es un sistema que no nos sirve. Un sistema que hace que haya en el país millones de familias que no tienen ningún ingreso, porque están en el paro, no nos sirve. Nosotros lo que queremos es que el sistema cambie o evolucione en el sentido de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras que representamos.
También afirmó tras su elección que querían ser "la voz de los que no tienen voz". ¿Es esto populismo sindical?
Siempre hay maneras de definirlo todo, hagamos lo que hagamos. Si mi candidatura no hubiera ganado, seguramente alguien diría que se trata de continuismo, que tampoco sería verdad, o no sería una verdad absoluta. Queremos aprovechar este momento, superar las dificultades y pisar con autoridad para situarnos en buenas condiciones, sobre todo por la gente a la que representamos. Si a eso se le llama populismo, me parece bien. El sindicato ha sido demasiado corresponsable durante mucho tiempo y esa corresponsabilidad la hemos pagado con una bofetada tras otra.
Hablando de cambios, tres meses después de las elecciones, seguimos sin Gobierno. Ha tenido ocasión de reunirse con Pedro Sánchez. ¿Le pidió un giro a la izquierda?
En la relación con los partidos políticos lo que me interesa es lo que hagan y las siglas me preocupan relativamente poco. A Sánchez lo que le planteé fueron las resoluciones del Congreso, en la dirección de derogar las reformas laborales, las del PP y las dos últimas del Gobierno de Zapatero, que son las que realmente han destruido los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Y le planteé otra cuestión de cambio de fondo en la estructura económica del país: la necesidad de avanzar hacia un acuerdo estratégico por la industria. O somos capaces de situar las bases esenciales de lo que ha de ser la política industrial para los próximos años, y que sean unas bases que se mantengan gobierne quien gobierne, o este país no va a tener un empleo de calidad y con futuro.
La derogación de la reforma laboral es la primera de las reivindicaciones de UGT, pero ¿qué cambiar y cómo en una reforma que ha recuperado el empleo en este país?
Está por demostrar que la reforma laboral haya creado empleo, porque seguramente lo haya creado la "economía del viento", que es la que nos da unas condiciones económicas, ajenas a las políticas de los gobiernos, que ayudan. Lo que no es discutible es que hay millones de personas en nuestro país a las que, como consecuencia de la reforma laboral, se les ha bajado el salario, en lugar de trabajar ocho horas trabajan cuatro, muchos no tienen representación sindical en la empresa... Por no hablar de los convenios colectivos que están sin firmar y aquellos que han rebajado las condiciones. ¿Por qué queremos que se derogue? No es un capricho. Si no se deroga la reforma laboral es muy difícil que con las normas actuales podamos ir a una negociación para un nuevo estatuto de los trabajadores, con la patronal, en una situación de cierto equilibrio.
Entonces, ¿hay que volver al año 2010 para poder construir un marco de relaciones laborales?
No es que las leyes que había en 2010 fueran una ganga para los trabajadores, en absoluto. Ahí ya las queríamos cambiar. Lo que queremos es partir de esa situación para abrir una negociación con la patronal y, si es posible, hacer algo esencial: que las leyes laborales partan del consenso entre las organizaciones empresariales y los sindicatos.
Si partimos de la de hoy va a ser muy difícil restablecer los derechos perdidos, porque hay una situación de desequilibrio. Por eso apelé en el Congreso a la mayoría de izquierdas. Hay una mayoría en el Parlamento que ha dicho que está dispuesta a hacer eso y, aunque no se ponga de acuerdo para otras cosas, debería llegar a un consenso para esto, porque nos lo han prometido.
Parece que el consenso marca la tónica general en la nueva política, ¿también en el sindicalismo? Intentó hasta el último momento una candidatura conjunta con Miguel Ángel Cilleros...
Así es. No hice la Ejecutiva hasta después del mediodía, porque tenía la pretensión de hacer una candidatura conjunta. No fue así, pero me quedo con las conversaciones que he tenido después de la elección, tanto con él como con el resto de organizaciones. Tenemos muchas ganas de poner el sindicato en marcha, ?en pie?, como decía el lema del Congreso.
Los debates previos a la elección y la mínima diferencia en la votación, ¿dejan un sindicato dividido?
Creo que no. En el fondo, las políticas que estoy manifestando tienen el soporte de la inmensa mayoría de los afiliados. Si tardé mucho en tomar la decisión de presentarme al Congreso fue porque quise hablar con mucha gente previamente. Hay una inmensa mayoría del sindicato que quiere cambios en muchas cuestiones, también en las políticas internas.
La principal tarea de la nueva dirección es la reestructuración y la reducción de las federaciones. ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Aunque parece que lo ha planteado todo el mundo, en realidad quien lo hizo con claridad desde el primer día fui yo. Al no estar en Madrid, he tenido otra perspectiva de cómo llegar mejor a los afiliados. Primero tenemos que saber qué sindicato teórico queremos, qué vamos a hacer y qué plantilla necesitamos para ello. Qué cosas vamos a hacer conjuntas las tres federaciones estatales más la ejecutiva confederal y, en algunos casos, también con la unión de Madrid.
Y esto, ¿lleva aparejada una reducción de plantilla?
Esperamos que esto se pueda ir haciendo en función de las propias bajas vegetativas que haya en el sindicato. Tenemos que situar básicamente cuál es la estructura que debe tener la organización sindical y a partir de aquí, podremos trabajar. Desde que he llegado he podido comprobar que eso no va a ser muy difícil porque tenemos una plantilla con una edad importante y vamos a poder hacer las cosas, si es que finalmente hubiera que abordar alguna, con mucha tranquilidad. Lo importante es tener voluntad política para hacerlo y también para decir las cosas que no hemos hecho bien: en el sindicato ha funcionado demasiado el familiar que entra a trabajar y que tenemos que erradicar. Debemos introducir elementos de profesionalidad, de concurrencia y de méritos para la contratación de personal y el funcionamiento del sindicato.
¿Por qué decidió mantener en la Comisión de Garantías a María Charpín, investigada por la presunta financiación irregular de la federación andaluza, hasta que cesó ella misma el pasado sábado?
La de la compañera María Charpín, de la Comisión de Garantías, ha sido una situación no deseada. Esta Comisión es el equivalente al poder judicial. La dirección del sindicato no nombra a las personas que van a la Comisión de Garantías, porque ésta también debe controlar a la Ejecutiva en el cumplimiento de los estatutos. Todos los que había que no quisieron dimitir han continuado, igual que esta compañera, de la que yo ni si quiera sabía que tenía esa situación. Esto se debe en parte al desarrollo de un Congreso en el que todo ha ido muy deprisa y no hemos tenido tiempo de caer en detalles como éste, que no tengo ningún problema en reconocer que gracias a ella hemos podido solventar en pocas horas.
Sindicatos y patronal están de acuerdo en demandar una Ley de Representación Institucional que defina el papel de los agentes sociales en la estructura del Estado.
Creo que hay que regular el papel de los sindicatos desde el punto de vista de la participación institucional mediante una ley que permita visualizar los miles de lugares donde el sindicato discute y aporta opiniones a las instituciones. De la misma manera que nadie discute que a las personas que vienen a representar a los gobiernos las paguemos todos los ciudadanos, parece razonable que los recursos para las personas que representan a la sociedad vengan de todos los ciudadanos, porque la Constitución da a los sindicatos un carácter de representación general. Se trata de determinar dónde estamos, para qué y quién lo paga. Es una cuestión que venimos discutiendo en el sindicato desde hace años y pretendo retomar.
¿Piensa que la negociación colectiva debería financiarse con recursos públicos?
Soy partidario de que la negociación colectiva se financie y me gustaría que los trabajadores de este país empecemos a ser conscientes de que cuando desaparece una subvención a un sindicato sepan que eso va en contra de las posibilidades de defenderlos, porque vamos a tener menos recursos para tener servicios jurídicos de calidad, y para poder negociar un convenio con más garantías. Lo que tenemos que ver es si es recurso público o procedente de las empresas, refiriéndome a la producción compuesta por factor trabajo y capital. Cuando digo que las empresas lo paguen estoy pensando que sería posible introducir una tasa o algún elemento que sirva para financiar una negociación, que tiene importantes costes para las organizaciones empresariales y sindicales, que no pueden pagar sólo los afiliados a los sindicatos cuando, en realidad, los frutos de la negociación colectiva en nuestro país tienen un carácter universal y llegan a todo el mundo.
Usted ha desarrollado toda su actividad sindical en Cataluña. ¿Es factible una secesión ? ¿y no sería perjudicial para los intereses de los trabajadores?
Creo que no estamos en esta fase del debate. Lo que es necesario ahora es ver si hay manera de abrir puentes de diálogo entre Cataluña y España, porque lo que sí es negativo para los trabajadores catalanes y españoles es mantener esta situación de tensión que se está viviendo. Seguramente esto sólo favorece a los intereses de aquellas fuerzas políticas que ven en Cataluña un elemento de confrontación. Lo que está pidiendo Cataluña a voces es diálogo y entendimiento. Sería bueno que se viera desde esa perspectiva. Reconozco que estoy más en un sitio que en otro, aunque seguro que me iré equilibrando. Vengo con ánimo de encontrar puentes de diálogo.
Pero muchos le identifican como partidario del derecho a decidir.
Este proceso me ayuda en el momento en que voy a dejar la secretaría general de Cataluña a que los afiliados del sindicato y el entorno en Cataluña me vea más como soy, porque siempre hay una intención de estirar hacia uno u otro lado y creo que la UGT en Cataluña es muy equilibrada internamente y se parece mucho a la sociedad catalana. Esto es un valor en sí mismo y hay mucha gente en España que no lo acepta. Somos un puente y todo lo que sea atizar los extremos no nos va a dar una solución.
