Si en los próximos días alguna agencia de rating rebaja la calificación crediticia de Cataluña esto no significará que España vaya a sufrir también un recorte.
"Es probable que las calificadoras lancen una nota de aviso, pero un cambio, incluso aunque advirtiera de un default selectivo catalán, no debería afectar al rating español", explican desde un banco de inversión.
La amenaza, por tanto, de que S&P o incluso Moody's puedan en los próximos días alterar la nota de la Generalitat no debería tener un fuerte impacto en la cotización de la deuda española, aunque sí podría pasar factura a la imagen de España entre los inversores internacionales y esto encarecer el coste de financiación. "Algunos inversores todavía tienen la expectativa de que España puede recuperar la nota de A en su calificación de deuda, tras haber roto la tendencia a la baja en lo que a revisiones de rating se refiere", explica un analista.
"Si esa expectativa se borra completamente, los costes de financiación de España pueden aumentar relativamente", añade. No obstante, es un efecto que no debería ser muy fuerte, por el efecto distorsionador del programa de compra de activos del Banco Central Europeo (BCE). De hecho, la prima de riesgo española está intervenida. "Basta con que el BCE realice compras para mantenerla dentro del rango de los 115-135 puntos básicos", recuerda un experto en valoración de riesgos.
El problema político
Los expertos advierten que más que la circunstancia del impacto en mercado que puede tener una hipotética bajada de rating de Cataluña -que en la evolución del bono catalán no ha sido muy significativa por ahora (véase gráfico)-, el debate en torno a la situación financiera de Cataluña tiene un trasfondo político, que sí que es necesario controlar y que sí supone un riesgo.
Si, tal como se especula, S&P puede anunciar este viernes una rebaja del rating de Cataluña hasta el default selectivo -que indica que se encuentra en situación de impago de unos créditos, pero no de todos-, es porque el diálogo entre el Gobierno central y el catalán ha estado cerrado en los últimos meses. En otoño, la Generalitat solicitó al Ejecutivo español la refinanciación vía FLA de una serie de créditos bancarios. Este tipo de negociaciones, que cambian deudas a corto plazo por a largo, son habituales, pero tienen que ser aprobadas por el consejo de ministros español.
Según fuentes financieras, aquellas refinanciaciones no se llegaron a llevar adelante el año pasado -el momento era muy tenso por el auge de la presión independentista- y esto provocó que el Govern tuviera que renegociar directamente con Sabadell, La Caixa y BBVA. Éstos no son los únicos créditos que la Generalitat debe refinanciar y esto es lo que ha podido provocar que S&P haya advertido de que su posible futuro cambio de valoración.
Desde el departamento de Economía y Hacienda de Cataluña explican que, además de aquellos importes, existen otros créditos que también deben ser renegociados. "Lo que estamos pidiendo al Gobierno del Estado es la transformación de 1.600 millones de euros de deuda bancaria a corto en a largo plazo", afirman. "En cualquier caso, ya hemos adelantado a los bancos que si no conseguimos que se apruebe el cambio de plazo de estas deudas, las refinanciaremos a corto plazo", añaden.
No obstante, este tema está fuera del orden del día de la reunión que mantendrán mañana Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en funciones, y Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía. "Es probable que se hable de ello, pero los temas a discutir es el cobro de los fondos pendientes de 2014 y los intereses del FLA", afirman desde la Generalitat.
Las sensaciones que genere esta reunión van a ser claves, ya que los inversores necesitan confiar en que España no sólo va a apoyar a Cataluña, sino también a otras comunidades. "Si se ve que España deja caer a una autonomía, los inversores pueden empezar a descontar que sucederá lo mismo con otras muy endeudadas y esto crear una espiral de desconfianza que sí que tendría un fuerte impacto sobre España y la economía".
Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB, recuerda, además, que si Cataluña incumple sus pagos financieros, tampoco podrá asumir las nóminas o los compromisos con sus proveedores -y se entiende que el Gobierno Central tendrá que hacerlo-. "España se verá afectada en cuanto que se rompa la cadena de pago", recalca.
