La Comisión Europea dio la semana pasada una vuelta de tuerca más, la segunda de importancia en este mandato, para combatir la evasión fiscal de las multinacionales. La media docena de medidas que presentó el comisario de Asuntos Económicos y Fiscalidad, Pierre Moscovici, persigue evitar la pérdida anual de hasta 70.000 millones de euros que se escurren a causa de la ingeniería impositiva de las multinacionales.
Para ello, Moscovici presentó una nueva directiva contra la evasión fiscal para combatir algunas de estas prácticas más comunes. También propuso una recomendación para aconsejar a los Gobiernos nacionales cómo evitar estos abusos.
El principio motor es que "las compañías deben pagar sus impuestos donde generan sus beneficios", señaló Moscovici ante la prensa. Porque estas ventajas dadas por parte de los estados miembros a las grandes multinacionales para atraerlas a sus territorios suponen "una carga para los negocios que pagan sus impuestos", es decir, "una competencia fiscal desleal", advirtió. Y precisamente desde el frente de competencia la Comisión ha dado hasta ahora los pasos más efectivos para combatir la contabilidad creativa de las grandes firmas.
La comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, está investigando hasta 300 casos relacionados con los arreglos fiscales facilitados por Luxemburgo (el caso de Luxleaks), y otros acuerdos similares en los estados miembros. Hasta ahora ya ha obligado a Fiat y Starbucks, a devolver 20 y 30 millones de millones de euros en impuestos a Luxemburgo y Holanda, respectivamente.
Ayudas de Estado encubiertas
Vestager indicó que está dispuesta a mirar si el acuerdo reciente entre Google y el Reino Unido, por el que la tecnológica pagará 130 millones de libras para liquidar sus cuentas pendientes con las autoridades fiscales de Londres, supone una ayuda de Estado ilegal dado lo reducido de la cantidad, tal y como ha alertado una diputada del Partido Nacionalista Escocés en una carga enviada a sus servicios. Según Tax Justice Network, esa cantidad es menor incluso de la que debería pagar cada año Google al Reino Unido en impuestos (200 millones de libras).
La evasión fiscal es uno de los principales caballos de batalla de esta Comisión, más aún desde que el escándalo de Luxleaks estallara en la cara de quien fuera el primer ministro de Luxemburgo durante casi dos décadas y hoy presidente de la institución, Jean-Claude Juncker.
Las propuestas persiguen evitar algunas de las medidas de ingeniería fiscal más populares, como las transferencias de los beneficios a paraísos fiscales, y limitar la aplicación de las exenciones por "doble imposición", la transferencia de activos como la propiedad intelectual para limitar la imposición, y otras "estructuras fiscales totalmente artificiales".
La propuesta llega con una recomendación para favorecer que los 28 estados miembros compartan información fiscal relacionada con multinacionales, e incluso un nuevo procedimiento para categorizar a los terceros países que se niegan a compartir información y a aplicar unas reglas "justas" sobre imposición. Pero como suele suceder con los temas fiscales en la UE, las respuestas se suelen atascar en la mesa de los países, dado que toca uno de los temas más sensibles que además requiere unanimidad para su aprobación.
Por eso, Moscovici ha dejado de momento fuera la obligación para las multinacionales de informar públicamente sobre sus ingresos y sus impuestos país por país. El comisario francés dijo que decidirá sobre esta medida en primavera (se espera en abril) una vez se concluya el impacto que puede tener esta mayor transparencia en los negocios de las firmas y, por lo tanto en el crecimiento.
"Si la transparencia va en contra del crecimiento, entonces deberíamos privilegiar el crecimiento", dijo el comisario. Eso si, se mostró a favor de esta iniciativa, como también lo está Vestager.
