En vísperas de la vuelta de la troika a Atenas, el Gobierno de Alexis Tsipras se enfrenta a las protestas de los agricultores del país contra la reforma del sistema fiscal y de pensiones. A modo de queja, han usado sus tractores para construir barricadas en las carreteras nacionales obstaculizando significativamente el tránsito de vehículos.
Sobre la base del acuerdo entre Grecia y sus prestamistas, firmado el julio pasado, se prevé que la tributación de la renta agraria aumente hasta el 13% con carácter retroactivo desde el 1 de julio de 2015 (del 7% actual), el 20% sobre los ingresos de 2016 y hasta el 26% para los de 2017.
Además, el correspondiente proyecto de ley sobre la reforma tributaria que Tsipras ha presentado en el Parlamento heleno prevé subir también las contribuciones a la seguridad social. La prima para la categoría más baja del fondo de seguros de los agricultores griegos es de 34 euros mensuales (unos 408 euros al año), mientras que el promedio de la contribución actual de seguro de un agricultor griego es de poco más de 800 euros.
Con cifras semejantes la sostenibilidad del sistema parece condenada. La reforma pretende subir a los 1.123 euros en base anual, para la prima mínima, hasta el 2019. Para tener un punto de referencia, hay que destacar que a la categoría pertinente para autónomos le corresponde pagar unos 225 euros de cotización social en base mensual.
Otras demandas
Los agricultores griegos presentan además una serie de demandas que van más allá de la reforma tributaria. Entre ellas, que haya un mínimo exento en la declaración de renta de 12.000 euros o de 30.000 euros en el caso de familia numerosa (el proyecto de ley pretende que no haya mínimo exento), que los agricultores de facturación anual de hasta 40.000 no tengan la obligación de mantener libros de contabilidad, que no se aplique el impuesto sobre la renta del 13% y que la edad de jubilación se establezca a los 60 años para hombres y a los 55 años para las mujeres.
La tributación de los ingresos rurales ha sido un punto de controversia recurrente no sólo entre los agricultores y los gobiernos de turno, sino también muchas veces entre los agricultores y la sociedad. El sentimiento general es que el sector agrario se ha beneficiado de importantes facilidades, así como de fuertes subsidios de la UE, que mayoritariamente no contribuyeron tanto a la modernización de la maquinaria agrícola sino al consumo. Otro punto de fricción es la evasión fiscal y de cotizaciones que se detectan en el sector agrario, de acuerdo con cifras oficiales.
Según los datos de la declaración de 2014 de la Secretaría de Hacienda helena, nueve de cada diez contribuyentes con ingresos agrícolas declararon ingresos menores de 5.000 euros (actual exento mínimo). De hecho, aproximadamente la mitad, unas 233.674 personas (el 43,85% del total) declararon ingresos de hasta 1.000 euros, mientras que otros 104.768 declararon ingresos nulos o pérdidas.
Por el contrario, sólo el 5% de los agricultores declararon ingresos superiores a 12.000 euros, mientras que únicamente el 1% (5.733 personas) declararon más de 30.000 euros. De este modo, la propuesta de imponer un mínimo exento de 30.000 euros prácticamente significa que, de los 530.000 agricultores griegos, poco más de 5.700 cotizarán algo, o 25.000 personas, en el caso del mínimo exento de 12.000 euros.
