La Tesorería General de la Seguridad Social adjudicó diversos contratos menores de forma irregular durante el año 2013, según un informe de fiscalización que ayer mismo hizo público el Tribunal de Cuentas. Pese a que la cantidad de dinero público manejado al margen de los cauces legales no fue excesiva, se da la circunstancia de que, en aquel año, el organismo público reflejó un déficit de más de 10.000 millones de euros -el 1,16% del PIB-.
La contratación menor por parte de las Administraciones Públicas se rige por varias leyes que estipulan, entre otros aspectos, las cantidades por las que se pueden adjudicar contratos de forma directa. Así, las normas indican que los contratos de obras superiores a los 50.000 euros y el resto de contratos, si están por encima de los 18.000 euros, deben ser sólo adjudicados previa publicidad y concurso.
Procedimiento erróneo
En este sentido, el Tribunal de Cuentas pone de relieve que la Tesorería General de la Seguridad Social adjudicó de forma directa un contrato de suministros y otro de servicios cuando ambos superaban los 22.000 euros, cuando no debieron ser adjudicados de esa forma "sino a través de otro tipo de procedimientos", con "garantías de publicidad y concurrencia".
Además, el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda indica que "existe el riesgo" de que la Seguridad Social procediera a fraccionar contratos para evitar concursos públicos y adjudicar así obras y servicios de forma directa. Y más: la Seguridad Social adjudicó "cinco contratos menores de similar objeto" a diferentes compañías por un importe total de 21.180 euros, cuando si esa adjudicación se hubiese realizado con publicidad y concurrencia "se habrían obtenido ofertas económicamente más ventajosas", algo especialmente grave al tener en cuenta el déficit de un sistema que es el que abona las pensiones.
La última de las irregularidades se refiere a otros dos contratos de suministros informáticos, por importe de casi 36.000 euros, que "debieron ser adjudicados de forma centralizada por razón de su objeto", y sin embargo fueron otorgados de manera independiente.
Más control
En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas explica que la Tesorería General de la Seguridad Social tramitó 7.462 contratos por importe de casi 11,9 millones de euros. Teniendo en cuenta ese volumen -equivalente al 12% de la contratación total del organismo- y a las diversas irregularidades encontradas, el organismo pide a la Administración Pública que mejore sus controles informáticos para que reflejen adecuadamente los contratos menores.
De igual manera, asegura que "podría resultar conveniente" que la Tesorería General "promueva la concurrencia y se soliciten ofertas a varias empresas", ya que cuando existe mayor competencia, los precios ofertados pueden disminuir, beneficiando al erario público.
Por último, el informe, firmado por el propio Ramón Álvarez de Miranda, conmina al organismo público a mejorar el control de los expedientes que reflejan la contratación pública "en aras de la mayor transparencia" y a incrementar los mecanismos de control interno sobre los contratos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones y dependencias.
