Cautela, mensajes moderados, pero una notable división de opiniones. Las reacciones públicas realizadas ayer por el sector económico catalán a la investidura como presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont fueron un reflejo de la fuerte fragmentación que existe en la sociedad catalana.
Sin entrar en valoraciones sobre el riesgo económico de que el principal objetivo del nuevo president sea impulsar el proceso de independencia de Cataluña de España, las patronales empresariales coincidieron al pedir un Gobierno sólido y el impulso de la economía.
Fomento del Trabajo, que tradicionalmente se ha mantenido alejada de la ideología independentista, emitió un comunicado muy neutral, en el que felicitaba a Carles Puigdemont por la investidura y le deseaba "todo el acierto en la vía del diálogo, la negociación y el pacto". Entre la lista de instituciones con las que se debía fomentar el entendimiento se encontraba el Estado español, pero la patronal evitó citar el conflicto independentista.
Asimismo, Foment pidió al nuevo presidente "una fiscalidad más competitiva; un incremento sostenido de las inversiones en infraestructuras por parte de la Generalitat y del Estado; un marco jurídico y regulador seguro y estable; y avanzar hacia la máxima eficiencia de la administración pública".
Mucho más beligerante se mostró la Societat Civil Catalana, que está formada por empresarios y representantes económicos no independentistas. Explicó que el nombramiento de Puigdemont "supone que continúa adelante el plan para destruir el marco constitucional y estatutario y refleja un nivel de degradación institucional alarmante que se fundamenta en un objetivo que choca frontalmente contra la democracia y la ley".
Por su parte, Pimec, más cercana a la ideología independentista y al derecho a decidir, valoró positivamente "que se haya llegado a un consenso, a partir del diálogo y el compromiso, para formar un Gobierno estable en un momento clave para la consolidación de la recuperación económica". Pimec reconoció la responsabilidad "de las partes negociadoras por haber antepuesto los intereses del país y de los ciudadanos, por encima de los de partidos". Si Junts pel Sí y la CUP no hubieran alcanzado un pacto in extremis, ayer se habrían convocado elecciones en Cataluña.
Cautela en la banca
El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, tampoco quiso realizar valoraciones sobre la situación en Cataluña y sólo pidió, pero a todos los políticos, "que hagan un esfuerzo para que haya estabilidad institucional y seguridad jurídica", según recoge Europa Press.
Por su parte, el de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, cuya sede no s encuentra en Cataluña, sí se atrevió a ir más allá y consideró que una declaración unilateral de independencia por parte de Cataluña afectaría a la banca, mostrando su confianza en que dicha situación no se produzca.
En la presentación de la nueva estrategia comercial del banco reivindicó la necesidad de valorar "lo que significa vivir en un Estado de Derecho", recordando "los esfuerzos y sacrificios" realizados por la sociedad española para conseguirlo. "El Estado de Derecho se basa en el respecto a la Ley. Debe ser respetado por todos y en todas las circunstancias. Esto es una premisa básica para la convivencia y no puede ser transgredida", defendió el banquero, persuadido de que no se transgredirá. Al ser cuestionado por el potencial impacto en el negocio, Goirigolzarri aseguró que Bankia no ha notado "actividad comercial diferente o nada especial".
