El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ofrecía ayer al PSOE y Ciudadanos consenso para garantizar un Gobierno estable y de amplio apoyo y entre las medidas que el Partido Popular está dispuesto a consensuar es una modificación sustancial de la reforma laboral, o incluso su derogación para sustituirla por un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
"Hay que buscar puntos de unión con Ciudadanos y con el PSOE", afirmaba el pasado martes el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, mientras que miembros de la dirección del Partido Popular aseguran que "todo es negociable" y sólo mantienen dos líneas rojas: "La unidad de España y que Mariano Rajoy debe ser el Presidente del Gobierno".
La primera de las condiciones excluye de entrada cualquier acuerdo con Podemos y con los nacionalistas catalanes, mientras que la presidencia de Rajoy empieza a ser vista como posible moneda de cambio, en último extremo, aunque todavía sólo por una minoría de quienes tienen mando y plaza en el PP.
Tanto en Moncloa como en Génova se piensa que el cambio de la reforma laboral daría un argumento importante a Pedro Sánchez para justificar una rectificación de su postura inicial de "no rotundo" a posibilitar, aunque fuera mediante la abstención, un gobierno en minoría de los populares.
La derogación de la reforma laboral es una premisa común que forma parte de los programas de todos los partidos de la izquierda parlamentaria. En el caso concreto del PSOE la supresión de la reforma laboral es una de las banderas del programa socialista y una de las exigencias más vehementes de sus bases.
Por este motivo parece difícil que Pedro Sánchez o su posible sustituto en la secretaría general vaya a conformarse sólo con modificar esa reforma. De hecho, el coordinador del programa económico, Jordi Sevilla, ya ha explicado que su objetivo es derogarla y sustituirla por otro marco a través de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Problemas con Bruselas
Menos drásticos son en Ciudadanos que estarían dispuestos a conservar algunas medidas de la actual legislación laboral aunque con incorporaciones como el contrato único. Un tipo de contratación al que se oponen el resto de los partidos con representación parlamentaria, incluido el Partido Popular.
Dentro de esta posición favorable a la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, el problema que se plantean desde el Gobierno y el PP es que la posible suavización o derogación de la actual reforma laboral podría generar enfrentamientos con Bruselas.
Recordar que la Comisión Europea, en su informe sobre España tras el rescate bancario, ha pedido al Ejecutivo de Rajoy, y por ende, al que salga de las negociaciones tras el 20-D, que profundice en la reforma laboral y aplique nuevos ajustes para cumplir con la reducción del déficit y consolidar la incipiente recuperación económica.
En concreto, la Comisión Europea reclama una vuelta de tuerca a la reforma laboral para reducir la dualidad entre empleos fijos y temporales, al tiempo que critica la efectividad de muchas de las medidas relacionadas con el empleo.
Otros aspectos que también podrían entrar en la negociación con Sánchez y Rivera son una nueva regulación de la negociación colectiva dando mayor autonomía a los agentes sociales, además de la supresión de algunas de las exenciones en las cotizaciones sociales para aliviar las cuentas de la Seguridad Social.
En este punto se constata que el citado informe de la CE calificó de "fracaso" la exención de 500 euros que sustituyó a la tarifa plana a la Seguridad Social y también la garantía juvenil que solo ha tenido 86.000 peticiones entre un millón de beneficiarios potenciales.
