La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este jueves las mejoras en materia de jornada laboral que se pondrán en marcha desde mañana para los funcionarios de la Administración General del Estado con hijos de hasta 12 años de edad o que se incorporen al trabajo tras un tratamiento con quimioterapia o radioterapia.
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Por su parte, CC.OO. se ha mostrado más crítico con el momento elegido para poner en marcha estas medidas que con el contenido de las mismas. "El Gobierno comunicó esta medida en el mes de julio y anunció su próxima publicación. ¿Por qué espera hasta el 10 de diciembre, en plena campaña electoral, para aprobar la instrucción? El Gobierno, una vez más, utiliza al personal de la Administración General del Estado con fines propagandísticos", ha denunciado el sindicato.
Aunque entiende que la ampliación en un mes de la jornada intensiva de verano para los empleados públicos con hijos de hasta 12 años es una medida positiva, CC.OO. considera que resulta "insuficiente".
"¿Por qué solo para quienes tienen a cargo a menores de 12 años y no personas con discapacidad o dependientes o, incluso, a todo el personal?", se ha preguntado la central en un comunicado.
CC.OO. también ha acusado al Ejecutivo de querer dar "una imagen de falsa negociación", pues tras comunicar en julio esta medida, decidió posponerla "con la disculpa de continuar" negociándola con los sindicatos.
"Después de más de cuatro meses, no ha existido ningún intento real de acercar posiciones en las cuestiones planteadas. Sólo se ha dejado pasar el tiempo, quizás con la simple intención de hacer coincidir el anuncio de publicación con la campaña electoral", subraya el sindicato.
Por su lado, CSIF ha valorado positivamente estas medidas, aunque ha advertido de que aún "quedan en el tintero" algunas cuestiones por resolver, como los descuentos por baja médica todavía vigentes.
Además, reclama un acuerdo de revisión salarial que permita compensar de manera paulatina la pérdida de poder adquisitivo, de entre el 25% y el 30%, sufrida a lo largo de los últimos cinco años por el colectivo de empleados públicos como consecuencia de los recortes aplicados por los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy y las diferentes administraciones autonómicas.
