Ningun partido con opción a gobernar plantea medidas para incentivar el ahorro privado. El mayor envejecimiento de la población pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones.
No existe época electoral que se precie sin que salga a relucir el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones. Durante los últimos meses, las caras visibles de los partidos políticos han participado en foros donde han expuesto sus propuestas para acabar con el déficit de la seguridad social, que se ha producido ante el aumento de pensionistas y la bajada de cotizantes. A ningún político se le escapa que existe un problema y todos dicen guardar un as bajo la manga. Sin embargo, en sus soluciones no entra la de incentivar el ahorro privado a largo plazo.
?La relación entre pensionistas y cotizantes es la más baja desde 2001?, reconocía Pablo García, diputado por Granada del PP en el marco de las XXVII Jornadas de vida, pensiones y previsión social complementaria de Axa. Detrás se encuentra la precariedad del mercado laboral -caracterizado por empleos temporales y salarios más bajos- y el envejecimiento progresivo de la población. Según el INE, en 2064 casi el 40 por ciento de la población tendrá más de 65 años.
El futuro de las pensiones públicas se antoja complicado. Como explicó Pablo García, hoy existen 9 millones de pensionistas en España y cada año se incorporan al sistema una media de 100.000 personas más. La previsión es que ?en 2050 haya más de 15 millones de personas dentro del sistema?, explica. Mientras tanto, el gasto público en pensiones se ha disparado y ha pasado de ?los 50.000 millones de euros en el año 2000 a los más de 106.000 millones que se pagarán este año?. Lo que significa que, del 53 por ciento que el Presupuesto destina a políticas sociales, un 40 por ciento se dedica sólo a pensiones.
Este escenario ha obligado al Gobierno a echar mano de la hucha de las pensiones, es decir, del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ?En esta legislatura se han usado más de 46.000 millones de euros de este fondo ante el déficit de la Seguridad Social, que está en torno a los 14.000 millones de euros?, asegura María Luz Rodríguez, secretaria de empleo del PSOE.
A diferencia de lo que sucede en otros países, España tiene una de las tasas de sustitución (porcentaje que un jubilado español cobra sobre su último salario cotizado) más elevadas de Europa basada únicamente en el sistema público. De modo que si en la OCDE ésta se sitúa de media en el 40,6 por ciento, en nuestro país alcanza el 73,9 por ciento, según los últimos datos disponibles en Inverco.
La viabilidad del sistema está en entredicho y las promesas para garantizar su futuro no faltan. Son un clásico de las elecciones y más cuando uno de los grupos de población más activo a la hora de votar son los mayores de 65 años, según el CIS. Sus votos, también, suelen ir a parar a los partidos más tradicionales (ver gráfico).
Lo que proponen los políticos
Con los programas electorales cocinándose aún, Pablo García, del PP, aseguraba en una de sus últimas intervenciones que ?con todas las reformas impulsadas durante esta legislatura están convencidos de que se garantiza la sostenibilidad del sistema y el mantenimiento del poder adquisitivo a medio y largo plazo?.
Básicamente, la principal apuesta de este partido ha sido la introducción del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones, vinculándolas a la evolución de la esperanza de vida. También ?la separación de las fuentes de financiación, la lucha contra el fraude laboral o las políticas para incentivar la contratación de personas desempleadas?. Aunque quizás, una de las medidas más polémicas y criticada por la industria ha sido la de limitar las aportaciones a los planes de pensiones a 8.000 euros anuales por desincentivar el ahorro privado.
Desde el otro lado de la barrera, los partidos políticos con opción a gobernar consideran que se trata de medidas insuficientes. Con la convicción de todos ellos de volver a los Pactos de Toledo, el PSOE, por su parte, propone mejorar los ingresos procedentes de las cotizaciones sociales, topar la base máxima de cotización y mejorar progresivamente las bases mínimas, subiendo el salario mínimo interprofesional, o la introducción de un impuesto en la caja de las pensiones, destinado específicamente a nutrirla.
No es lo único que plantean, la secretaria de Empleo del PSOE también propone que los autónomos coticen según sus rentas o un bonus de cotización con cargo a impuestos de 24 meses de duración destinados a las mujeres por cada hijo que tengan. ¿El objetivo? Levantar una de las tasas de natalidad más bajas de Europa y estrechar la brecha salarial entre hombres y mujeres una vez llegada la edad de jubilación, que se sitúa en el 39 por ciento. ?La diferencia se debe a que las carreras de cotización de las mujeres son distintas a las de los hombres?, asegura Rodríguez.
Algunas de las propuestas del PSOE van en línea con las de Podemos. Nacho Álvarez, que construye el programa económico de este partido, aboga por destaponar también las cotizaciones máximas o por acabar con las diferencias laborales de género. Añade otras propuestas como derogar las reformas del PSOE de 2010 o la última del PP y cambiar el modelo de creación de empleo para poner fin a ?la política de devaluación salarial que es la que está minando las bases del sistema?. Álvarez también abre la puerta a ?una financiación por vía impositiva de las pensiones no contributivas y a reducir el ritmo al que se recorta el déficit público, de manera que permita una política fiscal más expansiva de 25.000 millones de euros anules que facilite la creación de empleo?.
Desde Ciudadanos, por su parte, que es el único partido que se plantea estudiar la creación de la cuenta jubilación que desde la revista Inversión a Fondo se ha reivindicado en no pocas ocasiones (ver apoyo), Luis Garicano considera que ?tanto la reforma de Zapatero, como la de Rajoy son sólo dos parches que sacan del apretón del momento. No resuelven el problema y supondrán una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas?.
Desde este partido sopesan que ?no hay pensiones dignas sin carreras laborales dignas?, por lo que ponen énfasis en ?acabar con la precariedad del mercado laboral? y en la necesidad de mejorar el modelo productivo: ?España solo crecerá si innova, por lo que los recortes en I+D y en Educación nos perjudican a largo plazo?.
En lo que se refiere propiamente al sistema de pensiones, Garicano asegura que sus medidas se basarán en tres principios clave: uno es la transparencia porque ?los españoles deben poder planificar su futuro y saber cuándo, cómo y con qué ingresos se van a jubilar?, otro es la flexibilidad, ?el sistema tiene que ser flexible con la edad de jubilación?; y el último es la justicia, ?un sistema donde se corresponda lo que uno contribuye con lo que uno gasta?.
Y lo que quiere la industria
Sin embargo, ninguno de estos cuatro partidos incluye planteamientos para fomentar el ahorro a largo plazo a través de sistemas complementarios. ?Sólo se hacen ajustes paramétricos, pero nadie se plantea una reforma del ahorro a largo plazo?, expone Sergio Míguez, director de relaciones institucionales de Efpa.
La falta de incentivos fiscales y de conciencia por parte la población explica, por ejemplo, que mientras el patrimonio de fondos de pensiones sobre el PIB alcanza de media el 84,2 por ciento en la OCDE -incluido Estados Unidos-, en España sea del 9 por ciento según datos de Inverco.
Es por ello que una de las demandas de las gestoras es la mejora de la fiscalidad en el momento de la prestación, campañas comerciales sobre las ventajas de las aportaciones periódicas para desestacionalizar la venta de planes de pensiones o la comunicación a los futuros pensionistas de la pensión estimada, según se desprende de la última encuesta de planes de pensiones realizada por el Observatorio Inverco. El Gobierno se comprometió a enviar una carta a los mayores de 50 años informando de la pensión pública y privada, que está totalmente parada.
?Han metido un hachazo a las aportaciones máximas y no hay interés político en promocionar los planes de pensiones?, argumenta Fernando Luque, editor senior de Morningstar, que incide también en que ?sería bueno aumentar el tope de aportaciones y mejorar la fiscalidad de las prestaciones?.
No son las únicas peticiones que la industria considera necesarias. Antonio Salido, director de márketing de Fidelity, apoya también la creación de una cuenta de ahorro a largo plazo, donde la jubilación sea uno de los puntos que más se beneficie aunque no el único. ?En esa cuenta, flexible y multiproducto, abogamos porque el beneficio fiscal sea según el plazo de inversión y no tanto por la finalidad del ahorro. Es decir, que si alguien mantiene el dinero 20 años tenga una fiscalidad más favorable que alguien que lo mantenga sólo 10?, explica.
Además, Salido estima que esta cuenta debería tener un porcentaje que pudiera ser pignorable en un momento dado, es decir, que pudiera hacerse líquido en caso de emergencia cobrando un tipo de interés razonable sin perder los beneficios fiscales.
?En Reino Unido se llaman ISA (Individual Savings Account)?, recuerda Míguez. ?Aunque no sólo lo tienen los anglosajones. En Alemania, a principio de los 2000, se hicieron modificaciones en el sistema para tratar de potenciar el pilar corporativo en el marco de la agenda Schröder. Se trató de fomentar planes privados promovidos por empresas o trabajadores, con grandes ventajas fiscales si aportaban el 4 por ciento del salario a ese plan. Después lo extendieron a los autónomos, que además en España son una parte muy importante de nuestra población?, explica.
Por ello Salido recuerda también la importancia de impulsar modelos en los que se detraiga un porcentaje del salario y la empresa machee las aportaciones -es decir, un modelo similar al chileno-, pero introduciendo incentivos fiscales también para asegurar su éxito. ?Son sistemas soft-compulsion?, explica Raquel Blázquez, gestora de carteras en Ibercaja Gestión, es decir, sistemas que tienen ?una finalidad voluntarista y de ahorro obligatorio? que ya se usan en países como Reino Unido.
Los expertos explican que este tipo de sistemas, más capitalizados, proporcionan estabilidad tanto al mercado como a las instituciones. Y además permiten que el papel que juega el Estado vaya a menos. ?De este modo, lo que el Estado ahorraría en no pagar tasa de sustitución, debería ser gastado en incentivar los otros dos pilares del sistema [es decir, los planes privados y de empresas]?, argumenta Salido. A día de hoy, sin alicientes que doten de atractivo a estos productos, la realidad es que solo un 4 por ciento de los trabajadores cuenta con un plan de empresa en España.