El Gobierno de Artur Mas ha decidido anular el decreto publicado el pasado 25 de septiembre sobre la representatividad institucional de las asociaciones empresariales más representativas de Cataluña.
Sin embargo, la Generalitat mantiene el reparto de esa representación a partes iguales entre la patronal Foment del Treball y la asociación de pequeñas y medianas empresas Pimec, que ve así aumentar del 25 al 50% su representatividad en detrimento de la patronal histórica y mayoritaria en esta comunidad autónoma y de su filial Fepime, a la que se excluye de tener presencia en las instituciones
Una decisión que desde la Consellería de Empresa y Ocupación se justifica alegando que la asignación de cuotas es una atribución del Ejecutivo catalán, pero desde Foment del Treball se interpreta como "un paso más" en la confrontación y una "nueva factura" que les pasan La Generalitat y Artur Mas por su posicionamiento público contrario a los postulados independentistas.
La anulación del decreto de septiembre se produce mediante otra Orden, con fecha de 2 de noviembre, firmada por el conseller Felipe Puig, y como consecuencia de la presentación por parte de Foment de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), con petición de la suspensión automática de las disposiciones recurridas.
Con la paralización del decreto, ?a la espera de la resolución judicial sobre la petición de la medida cautelar de suspensión?, la Generalitat anula temporalmente la obligación que exigía a las organizaciones empresariales de acreditar, cada cuatro años, el número de empresas y organizaciones afiliadas, así como el de los trabajadores representados por las mismas.
La Consellería de Empresa y Ocupación explica también en la nueva orden que la interrupción de este procedimiento obedece a ?motivos de prudencia y cautela elementales, así como a expectativas de derecho de terceros?. Recordar que el pasado día 22 de octubre Foment del Treball escenificaba la ruptura de relaciones con la Generalitat mediante su ausencia en el acto de constitución del consejo de dirección del Servei d Ocupació de Catalunya (SOC), el servicio de empleo catalán, en el que el Ejecutivo de Artur Mas le asigna tres representantes, cediendo una silla a Pimec que sólo tenía dos, pero a la que desde la Generalitat se la considera, sino afín a Convergencia, si menos beligerante.
Pero el conflicto entre el Gobierno autonómico y la patronal que preside Joaquim Gay tiene su origen en la sentencia del Tribunal Supremo, que aceptaba el recurso planteado por Foment del Treball para conseguir que su filial de la pequeña y mediana empresa, Fepime, obtuviera una cuota de representatividad en los órganos de representación social de Cataluña.
Esta decisión del Supremo obligó a la Generalitat a reconocer a Fepime una cuota de representatividad del 15%, que se detrajo del 75% que tenía hasta entonces Foment, manteniendo el 25% de Pimec.
Pero fue también a raíz de esta sentencia cuando desde el Govern se aprobó la Orden, primero, y el decreto, después, que regula la participación empresarial y en el que se exige a las organizaciones empresariales que certifiquen cuantas empresas tienen afiliadas y el número de trabajadores, pero con la salvedad de que si una empresa aparece en dos patronales vinculadas sólo se computará en la más grande, lo que implica la eliminación virtual de Fepime como organización empresarial representativa.
