La España del despilfarro carga sobre sus espaldas una mochila de proyectos fantasma que han supuesto una inversión de 2.900 millones de euros. Hospitales cerrados durante años, líneas de cercanías desiertas, aeropuertos con cuatro viajeros al día o puertos sin barcos. Estas son algunas de las infraestructuras y obras que se impulsaron durante los años dorados de la construcción en España y que se siguieron desarrollando incluso cuando la crisis ya estaba implantándose en el país.
El Aeropuerto de Castellón, que supuso una inversión de 151 millones de euros, ha sido uno de los casos más mediáticos. En 2002, Fomento declaró esta infraestructura como Interés General del Estado. En 2010 se finalizaron las obras y un año más tarde, durante su inauguración, Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial, aseguró delante de 2.000 personas que este aeropuerto supondría la transformación socioeconómica de Castellón. Sin embargo, el primer vuelo comercial, procedente de Londres, no aterrizó en su pista hasta el 15 de septiembre de este mismo año. Eso sí, ante cientos de vecinos expectantes que calificaron el momento de "histórico".
El Aeropuerto de Huesca es otra de estas infraestructuras que a pesar de estar en servicio no resultan rentables. Tras 45 millones de inversión, fue inaugurado en mayo de 2007 y en sus primeros dos meses de vida pasaron por él 110 pasajeros. Estas cifras parecen ahora un espejismo, ya que entre enero y junio de este año apenas 58 personas utilizaron sus servicios. Y es que desde el cese de las actividades de Pyrenair en febrero de 2011, ya no llegan vuelos regulares a esta base aérea -sólo algún que otro viaje privado-.
Otro símbolo del derroche es el Aeropuerto de Corvera en Murcia. Se promovió como una alternativa al Aeropuerto de San Javier, que se encuentra a 30 kilómetros y ofrece uso civil y comercial, con la consecuente restricción de horarios. Su construcción se inició en 2008, pero dos años después, por falta de financiación, el Gobierno regional se vio obligado a avalar un préstamo de 182 millones de euros para terminar las obras. A día de hoy sigue desierto.
Pero los excesos no sólo viajaron en avión. También llegaron a España en forma de puertos casi fantasma, como es el caso de Puerto de Laredo (Cantabria). Se inauguró el 26 de marzo de 2011 y aunque se adjudicó por 64,4 millones de euros, las obras supusieron un sobrecoste de 12,8 millones. Además, el Gobierno regional se comprometió a abonar una compensación por los retrasos administrativos de 28 millones de euros a la concesionaria, que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
De obras por Madrid
Madrid es una de las comunidades autónomas que arrastra a sus espaldas más proyectos fallidos. Uno de ellos es el conocido como Ciudad de la Justicia, cuyo objetivo es reunir en un mismo espacio todas las sedes judiciales de la capital y que fue puesto en marcha en 2007, cuando Esperanza Aguirre estaba al frente de la Comunidad de Madrid.
Cinco años más tarde y tras invertir más de 100 millones de euros, se cerró la sociedad perteneciente al Gobierno regional, Campus de la Justicia, que se puso en marcha para levantar este proyecto. Lo único que dejó esta firma en pie, en medio de un descampado, es el Instituto de Medicina Legal, también conocido como El Donuts, por su forma circular. En este inmueble se gastaron 20 millones. El resto se destinó a las canalizaciones, los túneles subterráneos de seguridad y los suministros del Campus. Esta cifra incluye también el gasto en publicidad (5,1 millones), en el acto de colocación de la primera piedra (1,4 millones) y en auditorías y gestorías.
También hubo partidas públicas para resarcir diseños de proyectos que finalmente no fueron consumados. Este es el caso de Norman Foster, al que se le pagó 10,6 millones por proyectar dos edificios judiciales de los doce que iban a componer este campus. El reconocido arquitecto ha logrado que se le abone esa cantidad, a pesar de que no han conseguido encontrar el contrato que este firmó con Aguirre.
Tras unos años parado, el proyecto volvió a reactivarse este ejercicio y la Comunidad preveía un gasto de más de 1.700 millones en 30 años. Sin embargo, tras las elecciones municipales y autonómicas se paralizó de nuevo.
Otro proyecto que fue bloqueado hace ya varios años fue el Centro Internacional de Convenciones de Madrid, situado junto a las cuatro torres del norte de la Castellana. Fue Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, quien detuvo las obras en 2009 después de haber invertido más de 100 millones de euros en concluir los trabajos de movimiento de tierras y cimentación del edificio. Mediante un concurso público celebrado en abril de este año, el Grupo Villar Mir se adjudicó los terrenos, donde pretende levantar un quinto rascacielos, para el que se encuentra en búsqueda de inquilinos.
Durante su mandato como alcalde de Madrid, Gallardón construyó también 15,3 kilómetros de vía para conectar el parque temático Warner con la ciudad mediante un transporte de alta capacidad, que costó 85 millones. En 2002 comenzó a operar pero, diez años después, Esperanza Aguirre decretó su cierre, pues la infraestructura costaba 3,3 millones de euros al año y sólo transportaba a 190 viajeros de media al día (69.350 al año).
Los daños colaterales se produjeron en las dos estaciones que incluía este ramal de la línea de cercanías C-3 (una en el parque y la otra en San Martín de la Vega), ya que al no tener vigilancia se producen constantemente actos de vandalismo en estas instalaciones.
Gallardón impulsó también el Auditorio de San Lorenzo del Escorial, en la localidad del mismo nombre, situada en la sierra de Madrid. El edificio costó 100 millones (35 por los terrenos y 65 por la construcción). En seis años se celebraron en el 300 espectáculos.
El parque de bomberos de Valdemoro es otro ejemplo simbólico del mal uso que se hizo en su momento del dinero público. Costó 3,4 millones de euros, se inauguró en 2011 y desde entonces permanece totalmente vacío.
El tren a ninguna parte
El tren a Navalcarnero, promovido también por Aguirre en 2003, fue un auténtico fracaso. Su intención era la de crear una conexión ferroviaria para analizar Móstoles con Navalcarnero, donde supuestamente iban a construirse más de 5.000 viviendas.
Tras convertir el proyecto en un cercanías, en mayo de 2007, a falta de unos días para las elecciones, OHL ganó el concurso impulsado por la Comunidad por 366 millones de euros, más del doble de lo presupuestado inicialmente. Se trataría de un ramal de seis estaciones, que la concesionaria tenía que construir y mantener durante 20 años.
En febrero de 2008 se iniciaron las obras pero en 2010 se paralizaron por la falta de financiación que sufría la constructora. Ahora Villar Mir exige la liquidación del contrato de gestión del tren y la devolución de los 285,44 millones que ha gastado.
El Metro Ligero Oeste, el tranvía que uniría Aravaca (Madrid) con Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, ha sido otro de los quebraderos de cabeza de la constructora de Villar Mir. Se inauguró en 2007 y se esperaba que realizara 22 millones de viajes al año. La UTE que lo desarrolló, liderada por OHL, invirtió 600 millones en este proyecto, que no tuvo la ocupación esperada (siete millones en 2012). Ante estas perspectivas la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar un canon por el 68 % de los viajes previstos, independientemente de si se realizaban.
