La crisis desatada en la UE por la llegada masiva de refugiados no sólo ha tensado la relación entre Bruselas y varias capitales; también alimenta las preocupaciones de unas economías que todavía pelean por salir de la recesión. Por eso, algunos Estados miembros han solicitado a la Comisión Europea que aplique con laxitud las normas fiscales comunitarias, el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en su examen de los Presupuestos nacionales a partir del 15 de este mes.
La Comisión mostró su cara amable el pasado enero al aprobar una nueva interpretación del corsé fiscal, en la que daba algo de margen en casos puntuales como el impacto del ciclo económico, la aplicación de reformas estructurales o de una generosa inversión pública.
Sin embargo, el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, avisó la pasada semana que se debe tratar el asunto del impacto económico de los refugiados "con prudencia" porque "no tenemos suficiente información". Aunque algunas cláusulas de flexibilidad permitirían dar algo de espacio, el galo dio un giro conservador a sus palabras durante los primeros días de la llegada masiva de refugiados al señalar que "es muy pronto para decir si algunas cláusulas se podrán aplicar". Pese a haber peleado por esta flexibilidad y habérsela otorgado a Francia, Moscovici ya dejó claro con la opinión negativa sobre el Presupuesto español que está dispuesto a sacar la vara.
Las dudas de la Comisión, que continúa sin realizar el análisis económico del impacto de los refugiados que solicitaron los ministros de Finanzas, empequeñecen ante los escollos que encara el uso de la flexibilidad en el Consejo, donde los socios europeos continúan divididos sobre la aplicación de los límites del 3 por ciento de PIB de déficit y del 60 por ciento de PIB de deuda pública que marca el Pacto.
Aunque los líderes dieron en un primer momento la bienvenida a la comunicación de la Comisión, los halcones de la disciplina fiscal maniobraron fuera de focos para intentar dejar el texto del Ejecutivo comunitario en papel mojado. Por eso, pelean para fijar ellos la letra y el tono de la interpretación de las reglas fiscales que prepara el Consejo para diciembre.
"Somos muy escépticos" respecto a la posición de la Comisión, comenta un diplomático alemán a elEconomista. En su opinión, la institución debía haber consultado a las capitales antes de publicar su nueva interpretación del Pacto. Pero se felicita de que ahora la discusión esté en la mesa del Consejo, "el lugar correcto", donde Alemania, respaldada por Finlandia y otros países, quiere aparcar los planteamientos del Ejecutivo comunitario.
Los enviados de los Ministerios de Economía de las capitales discuten en el llamado Comité Económico y Financiero (CEF) cómo las condiciones cíclicas, las reformas estructurales y la inversión pública se deben valorar al analizar los Presupuestos nacionales.
Las discrepancias de los socios en gran número de puntos complica la posibilidad de que el Consejo logre un acuerdo antes de acabar el año.
Fuentes europeas indican a este diario que los Gobiernos nacionales continúan chocando en cómo valorar las reformas estructurales, es decir, cómo aplicar criterios cualitativos y cuantitativos; sobre si los países deben solicitar la flexibilidad en primavera o en otoño o si es posible acumular más de una cláusula de flexibilidad. La posición de la Comisión no prohíbe esta acumulación, pero Berlín y los demás no están para regalos.
Las capitales también discrepan sobre si las evaluaciones independientes deben ser voluntarias u obligatorias. Cuando un Gobierno nacional solicite la aplicación de cierto margen en las reglas fiscales puede presentar un informe de una organización independiente para probar el impacto recesivo de una reforma que a largo plazo mejorará el potencial de la economía. Algunos países creen que estos informes deberían ser obligatorios. Alemania y Finlandia son los más contrarios a rebajar el Pacto, e Italia y Francia los más activos en la necesidad de dar aire a las normas para que el Pacto no sea sólo de estabilidad sino también de crecimiento, según su denominación.
Según fuentes europeas, las discusiones se mantienen aún en un nivel técnico, por lo que muchos países, entre ellos España, aún no han tomado una posición política clara. El ministro de Economía, Luis de Guindos, tiene que decidir a qué campo se suma según evolucionen las discusiones, que afectarían no sólo a aquellos países que están en el brazo preventivo del Pacto por cumplir con los límites, sino también a los que están bajo el estrecho cerco del brazo corrector, como nuestro país.
Ante la posibilidad de que el presidente del CEF, Thomas Wieser, no logre un acuerdo para diciembre, los alemanes argumentan que los Estados deberían conseguir acordar cómo proceder, porque, si no, la Comisión aplicará su propia interpretación sin el filtro del "código de conducta" del Consejo.
Fuera de micrófonos, funcionarios de la Comisión argumentan que incluso cuando los países cuajen su propia interpretación, el Ejecutivo continuará manteniendo el derecho de iniciativa. "Las recomendaciones sobre los presupuestos nacionales son nuestras", recuerda uno de ellos, quien reconoce que los países lo tendrán difícil para ponerse de acuerdo en el Consejo.
