Las dos reformas de las pensiones acometidas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy no han logrado evitar que la Seguridad Social, pagadora de esta partida a un total de 9,3 millones de personas, incurra año tras año en un déficit que solo se agrava.
Zapatero aprobó su reforma en el año 2011 poco antes de que terminara la legislatura. Entonces, fijó un alargamiento progresivo de la edad de jubilación hasta los 67 años; elevó el número de años trabajados de 35 a 37 para cobrar el 100 por cien de la prestación; y aumentó el periodo de cómputo de 15 a 25 años. Una propuesta ambiciosa pero que por su gradualidad (empezó a aplicarse en 2013 y será completada en 2027) no ha logrado dar apenas frutos.
Rajoy, por su parte, dio luz verde a otra reforma por la cual limitaba los incrementos salariales a pensionistas al IPC mas el 0,25 por ciento como máximo, lo que en la práctica facilitaba la contención del gasto en una partida que crecía sin freno hasta entonces. Pero el número de pensionistas, que no deja de crecer, ha provocado que tampoco sea suficiente. Y eso que La Moncloa ha limitado al 0,25 por ciento la subida a los pensionistas en los últimos cuatro ejercicios.
Pese a todos esos esfuerzos y al incremento de los ingresos por cotizaciones que ha traído la recuperación económica, la Seguridad Social refleja este año un desfase del 0,4 por ciento hasta junio y terminará con otro del 1 o el 1,1 por ciento, según todas las previsiones. Y no es nuevo: el año pasado el déficit fue del 1,06 por ciento, y el de 2013, del 1 por ciento. Algo que ha obligado al Ejecutivo a echar mano de la hucha, de la que ha sacado hasta ahora 34.000 millones.
Reformas no paramétricas
El Ejecutivo, consciente del problema, ha lanzado el debate de una nueva reforma a partir del año próximo, y ha propuesto financiar viudedad y orfandad vía impuestos y no a través de la Seguridad Social, como ahora. El PSOE, por su parte, se ha comprometido a negociar, aunque en principio no acepta esa fórmula, deslizada por Cristóbal Montoro durante la tramitación de los PGE.
CEOE y el Círculo de Empresarios, que ha pedido "un sistema mixto de reparto y de capitalización obligatoria y voluntaria", han pedido huir de reformas "paramétricas" porque "se quedan cortas".
