El impacto del escándalo de los ventajosos acuerdos fiscales de Luxemburgo con más de 340 multinacionales, la relevancia dada por el G7 y el G20 a la lucha contra los paraísos fiscales y la fuga de capitales, y la necesidad de reforzar las maltrechas arcas públicas pueden conseguir lo que hasta ahora ha sido casi un milagro: traer la luz a los rincones más oscuros de los sistemas fiscales en Europa y terminar con la competencia fiscal desleal en la UE.
La Comisión Europea y Luxemburgo, este semestre a cargo de la presidencia rotatoria de la UE, se han marcado como objetivo lograr un acuerdo antes de finales de año en la propuesta para terminar con el secretismo en los acuerdos fiscales entre las grandes firmas y los países.
Tras el llamado escándalo de los Luxleaks, Luxemburgo "ha dado un giro de 180 grados", para ponerse al frente en esta batalla, comentan fuentes diplomáticas y europeas en Bruselas. Pero sobre todo el cambio llegó por parte del que fuera primer ministro del país durante 18 años y hoy presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Tras estallar el escándalo el pasado noviembre, pocos días después de asumir el mando, el veterano político europeo buscó recuperar la iniciativa política con una propuesta para traer transparencia total a estos arreglos. Juncker también prometió retomar la batalla para armonizar la base del impuesto de sociedades entre los Veintiocho, tras el fracaso del primer intento de 2011.
Acuerdo complicado
Fuentes de la presidencia luxemburguesa y comunitarias creen viable sacar adelante la propuesta referida a los arreglos fiscales, aunque reconocen que no será fácil porque países como Holanda, Irlanda o el Reino Unido continúan arrastrando los pies en el área fiscal. Los cambios llegan con cuentagotas en esta materia ya que requiere la unanimidad de todos los estados miembros, y es considerada una de las competencias más cercanas a la soberanía nacional, sobre todo en las islas británicas. "Lograr un acuerdo será desesperadamente difícil", confiesa la fuente comunitaria que pide el anonimato por la sensibilidad de la materia.
Además, según explican fuentes comunitarias, ciertos aspectos de la propuesta han sido contestados por algunas capitales. La Comisión propuso que los estados miembros hagan públicos todos los arreglos desde 2005, una retroactividad excesiva para muchas capitales. El Ejecutivo comunitario estaría dispuesto a aceptar 5 años, tal y como acepta la mayoría de los socios, para sacar adelante la propuesta, comentan las mismas fuentes, ya que todavía quedarían cubiertos el 90% de los acuerdos.
Limitar injerencia
Igualmente, una minoría de estados miembros se resiste a que la Comisión tenga acceso a estos productos de la ingeniería fiscal nacional, tal y como quiere Bruselas. El Ejecutivo comunitario aceptaría tener acceso solo a determinada información de los arreglos, lo justo para evitar apaños entre bastidores entre algunas capitales para beneficiarse mutuamente. De fondo late la preocupación de que la información fiscal termine por ser de domino público, que no están obligados a revelar las autoridades nacionales, y que tampoco sería el caso con la nueva propuesta aprobada.
La nueva norma comunitaria obligará a las autoridades nacionales a informar automáticamente cada 3 meses al resto de socios sobre todos los acuerdos transfronterizos que han generado, para detectar prácticas abusivas que puedan erosionar la base fiscal de los países al escapar alguna gran firma de sus obligaciones en el estado donde genera los beneficios. Si los socios no comparten la información, la Comisión podría incluso abrir un procedimiento de infracción.
Otras ideas
Ésta es sólo una de las iniciativas que tiene en el disparadero la Comisión Juncker para intentar minimizar el desaguisado de tener 28 sistemas fiscales operando en un mercado común y en el marco de una unión económica y monetaria. Bruselas también presentará a mediados del próximo año su nueva propuesta para armonizar el cálculo de la base imponible para el impuesto de sociedades y, por lo tanto, en qué estado se gravan los beneficios empresariales, para así también combatir las agresivas prácticas fiscales de algunas firmas para escapar a sus obligaciones.
Por el camino, los 11 estados miembros que trabajan sobre el impuesto a las transacciones financieras, entre ellos España, esperan contar con una propuesta para finales de este año, para que entre en vigor en 2016. Además, la Comisión pondrá sobre la mesa un plan para armonizar los parámetros para la fiscalidad de algunos productos tecnológicos, como los libros digitales, antes del próximo verano.
