La inestabilidad política es una de las grandes amenazas que planea sobre la puesta en marcha del tercer rescate griego. Por eso, Bruselas mira con atención qué puede pasar en la cuestión de confianza planteada por Alexis Tsipras el día 20 de agosto. La prensa griega baraja la convocatoria de elecciones a finales de septiembre, si no sale victorioso. Pero las quinielas no terminan aquí.
Incluso si el ejecutivo de Syriza lograra una primera luz verde, tampoco se descartan nuevos comicios a finales de octubre o principios de noviembre. Una fuente de preocupación si se tiene en cuenta que el debate sobre la sostenibilidad de la deuda y la posible participación del FMI en el desembolso del dinero se decidirán precisamente en otoño.
Bruselas confía en que la posible fractura de Syriza deje en la irrelevancia política a la parte del partido autodenominada como stalinista y que Tsipras tenga que apoyarse en las fuerzas consideradas como moderadas y europeístas. El presiente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem valoró positivamente en la rueda de prensa tras la reunión del Eurogrupo la "amplia mayoría de fuerzas" que habían apoyado la votación de las medidas consideradas prioritarias por Bruselas y cuya luz verde eran indispensables para la puesta en marcha del programa.
Aunque la última reunión de la zona euro supone un oasis en el desierto, es evidente que la desconfianza entre Grecia y el resto de los miembros de la zona euro sigue latente. Fuente de estas dudas son las reticencias del Fondo Monetario Internacional que ha postergado su participación total debido no sólo al problema del alivio de la deuda sino también a la necesidad de comprobar que Atenas está realizando reformas de calado.
Christine Lagarde participó en la última reunión por videoconferencia y fruto de sus discrepancias consiguió que en el texto final hubiera una mención específica a las pensiones. Un punto sobre el que el FMI quiere que se cumpla lo estipulado. Entre los compromisos de Grecia está el aumento de la edad efectiva de jubilación de forma paulatina hasta los 67 años para el año 2022 (el Gobierno de Samaras había fijado esta fecha límite en el 2027) y la desaparición total de la EKAS (suplementos para las pensiones más bajas) a finales de 2019.
Otra de las grandes novedades tras la reunión del pasado viernes fue la fragmentación de los desembolsos del dinero. Si en un primer momento se había barajado la cifra de unos 26.000 millones de euros en la primera transferencia, en un primer momento se desbloquearán 13.000 millones, otros 10.000 millones pasarán a una cuenta dentro del fondo de rescate para la recapitalización de los bancos y el resto se irán desembolsando durante los meses de otoño según Grecia vaya cumplimentando las medidas.
Asimismo, los 10.000 millones para los bancos sólo se inyectarán después de la puesta en marcha de unos test de estrés que evalúen las necesidades de capital y tras la puesta en marcha de planes de resolución bancaria en los que los depositantes de más de 100.000 euros, entre los que se encuentran las pymes, han quedado totalmente blindados.
