El impago de los impuestos locales, por olvido u omisión, tiene sus días contados. La Federación Española de Municipios (FEMP) ha seleccionado a cinco empresas de recobro para perseguir a los morosos de ayuntamientos y diputaciones: al grupo nórdico Lindorff y a los especialistas en gestión tributaria Servicios de Colaboración Integral (SCI), Coordinadora de Gestión de Ingresos (MCG), Gesmunpal y Martínez Centro de Gestión (MCG).
Está en juego un negocio de 300 a 500 millones de euros si las adjudicatarias recuperasen con éxito los entre 1.300 y 1.500 millones estimados de quebranto por impagos fiscales y en caso de que subcontratasen sus trabajos todos los entes locales, soberanos para adherirse en última instancia o no al servicio. Se trata de una estimación del mercado del recobro, incluso conservadora, a falta de estadísticas oficiales del agujero para el erario por recibos incobrables, que otras fuentes elevan a 5.000 ó 9.000 millones.
Comisión por éxito de recobro
Para el cálculo se toma de referencia la comisión fijada en el pliego del concurso: el trabajo de los especialistas se remunerará con el 30% máximo del importe efectivamente recuperado, con independencia de la deuda real y de los costes que les acarree el proceso, cuya factura será íntegramente asumida por las firmas de recobro.
La FEMP abrió la licitación para la adjudicación de esta tarea el pasado 28 de noviembre de 2014 como una prestación clave de la central de compras puesta en marcha en servicio de los entes locales, después de que la última reforma que actualizó la Ley de Bases de 1985 le capacitase para montarla. Bajo este paraguas, el organismo que aglutina más de 7.300 de los 8.122 ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares existentes, ha negociado compras conjuntas de gas, electricidad o la gestión y recobro de multas de tráfico, entre otras.
Al negociar en masa logra precios imposibles de obtener de forma independiente por los entes locales y les simplifica la tramitación. Su contratación es voluntaria, pero hasta la fecha se han adherido 529 ayuntamientos a las distintas prestaciones ofertadas, aglutinadores de unos 18 millones de habitantes.
La lógica y el esquema es idéntico para el nuevo servicio de recobro -pendiente aún de la firma formal- con un aliciente adicional: la recaudación ejecutiva es una labor compleja, que requiere una infraestructura y recursos de los que carecen la mayoría de consistorios. Muchos ni siquiera disponen del tiempo y formación adecuada del personal para resolver las bolsas de fraude, sobre todo tras las podas en estructura acometidas para asear las cuentas y embridar el déficit.
En no pocas ocasiones dicha gestión embarranca simplemente por la deficiente gestión de unas facturas donde el éxito o fracaso de la recuperación depende de un proceso sistematizado, indican fuentes conocedoras de la problemática.
El servicio global habilita a las cinco firmas a cobra las deudas vencidas pero no prescritas de distintas tasas locales: impuestos por viviendas (IBI o basuras), de tracción mecánica (pago por tener coche), plusvalías o de actividades económicas (se genera al dar de alta o baja un negocio). Quedarán fuera del área de actuación las sanciones de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, previamente externalizadas a otro proveedor.
El servicio licitado por la FEMP obliga a las firmas de recobro a atacar el problema desde la raíz y con una cobertura de 360 grados. Su papel va desde crear las bases de datos y una aplicación informática accesible para la administración pública donde pueda conocer en tiempo real el estado del proceso, a notificar al deudor y, en caso de no atender el pago, ayudar al consistorio en el embargo de sus bienes.
El servicio busca ayudar a los consistorios a optimizar su recaudación en condiciones económicas favorables. Si le interesa aprovechar las condiciones pactadas, el municipio deberá contratar ad hoc el servicio, pudiendo ofertarlo a distintas firmas de las cinco adjudicatarias y con precios, plazos e, incluso coberturas, diferenciales.
