La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quiere que su mandato esté marcado por la rebaja de la presión fiscal a todos los madrileños y por la ruptura con sombras de sospecha sobre la gestión del anterior Ejecutivo regional. Así lo expresó durante su campaña y así lo ha mantenido desde el inicio de su mandato, con un objetivo claro en materia fiscal: un plazo de dos años para bajar todos los impuestos, con el compromiso estrella de reducir un punto el tramo autonómico del IRPF dentro de ese periodo. Así lo reiteró el martes durante su intervención en el Foro Abc-Deloitte, donde además abrió la puerta a más bajadas impositivas si las cuentas regionales lo permiten. "Veremos si se puede bajar más", subrayó.
Respecto a la corrupción relacionada con la trama Púnica, que en los últimos días vuelve a amargarle la presidencia, Cifuentes pasó al ataque con un giro inesperado. Tras las últimas informaciones relacionadas con el caso, la Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en la causa, anunció la presidenta.
El levantamiento de parte del secreto de sumario del caso sitúa en el punto de mira a la diputada autonómica de Ciudadanos, Eva Borox, y a otros dos miembros de la lista de Cifuentes, debido al testimonio del empresario principal de la trama, David Marjaliza. De resultar imputados, tendrían que abandonar el Gobierno regional, según el pacto de investidura, una condición que la propia Cifuentes recordó.
La presidenta insistió en que será "absolutamente implacable" con las corruptelas, "vengan de donde vengan" y explicó que su Gobierno se persona en la causa porque, según los datos conocidos hasta ahora, "los presuntos delitos cometidos podrían derivarse como perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid" lo que "legitima" al Ejecutivo a participar y defender los intereses de los madrileños y de la Administración regional, defendió.
En ese sentido, Cifuentes ha reclamado a la Justicia que sea "rápida, eficaz y precisa" y que "ponga luz donde ahora hay sospechas".
En línea con su compromiso ético, señaló, se ha creado el portal de transparencia de la Comunidad y se eliminarán los aforamientos para evitar "privilegios ni zonas de sombra". Su Gobierno, aseguró, no tiene nada que esconder, y, como prueba, ha acordado una auditoría externa en el acuerdo de investidura con C's, que se iniciará en las próximas semanas.
Ofensiva contra Carmena
La presidenta, que estuvo arropada por la plana mayor de los populares, -la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; la titular de Empleo, Fátima Báñez, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, entre otros-, cerró una intervención salpicada de críticas abiertas a Podemos y al PSOE, con especial énfasis en la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que reprochó en varias ocasiones su gestión. Tras un mes hablando de cosas en el Ayuntamiento, replicó, "la ciudad está cada vez más sucia y peor gestionada".
