
Según los datos de las balanzas fiscales, cuatro autonomías -Madrid, Cataluña, Valencia y Baleares- son aportantes netas al sistema fiscal común, siendo el resto receptoras. La Comunidad de Madrid lidera en déficit fiscal, con 19.015 millones de euros de saldo negativo, seguida de Cataluña, con 7.439 millones de euros de brecha relativa entre lo que aporta vía impuestos y el gasto que recibe. La Comunidad Valenciana es la tercera en el ránking de saldos fiscales negativos, con 1.453 millones, y Baleares cierra la exigua lista de aportantes con 1.330 millones.
Son las conclusiones del estudio realizado con datos de 2012 a partir de la metodología diseñada por los expertos Ángel de la Fuente, Ramón Barberán y Ezequiel Uriel, que ayer difundió el Ministerio de Hacienda bajo el epígrafe Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas (SCPT).
Los datos de las balanzas fiscales se refieren a posiciones relativas entre autonomías, y desde Hacienda se explica que un saldo negativo en términos relativos significa que la autonomía afectada paga más impuestos por habitante que la media o recibe menos gasto.
Otra de las conclusiones del informe es que el saldo fiscal tiende a empeorar a medida que aumenta la renta per cápita, de forma que los territorios más ricos generalmente presentan déficit fiscales, mientras que los de menor renta presentan superávit.
De hecho, casi un 70% de los saldos fiscales regionales se deben a que en los territorios con mayor renta se pagan más impuestos, teniendo menos impacto en los saldos fiscales relativos las decisiones relacionadas con las políticas de gasto; es decir, con la financiación a las autonomías (con un peso en el saldo final del 14%), las ayudas regionales (7,9%) y las subvenciones a sectores productivos (9,6%). El impacto de estas políticas, donde se introduce el problema de la discrecionalidad según concluyen los técnicos, sólo tendría un peso del 30% en el saldo fiscal negativo. Por otra parte, también se concluye que el gasto en infraestructuras y transporte tiene un papel menor en los saldos regionales, con un peso del 1,8%, mientras que el gasto en protección social repercute en la balanza fiscal en un exiguo 0,4%.
Fuera de las cuatro autonomías que son aportantes netas en términos relativos, el resto presentaron un saldo fiscal positivo en 2012: Andalucía (8.531 millones de euros), Galicia (3.946), Canarias (3.479), Castilla y León (2.933), Extremadura (2.655), Castilla-La Mancha (2.291), Asturias (1.828), País Vasco (1.562), Aragón (509), Navarra (371), Cantabria (270), Murcia (98) y La Rioja (42). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla arrojaron un saldo positivo de 721 millones.
La polémica sobre el diseño de las balanzas fiscales resurgió ayer. El conseller de Economía y Empleo de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, recordó que existen dos metodologías para calcular las balanzas fiscales: la de flujo monetario y la de carga-beneficio. Mas-Colell defendió que la utilización de la segunda metodología por parte del Gobierno tiene causas ideológicas, puesto que pondera los datos en función de cómo impacta el gasto público en el bienestar de los residentes de un territorio. Indicó que cuando la Generalitat calcula los saldos fiscales, junto con la carga-beneficio, también tiene en cuenta el método del flujo monetario, que tiene en cuenta la inversión directa hecha en un territorio.