El ministro del Tesoro británico ha decidido adentrarse en territorio desconocido para reducir el impacto que los recortes en materia de Bienestar tendrán sobre los trabajadores menos remunerados.
Ante una Legislatura que aspira a acabar con el déficit presupuestario con la vieja conocida medicina de la austeridad, George Osborne considera que Reino Unido "puede permitirse una subida de sueldo" y ha decidido dar palabra de ley al denominado salario para vivir, una fórmula que sustituye a salario mínimo y que ni siquiera el ala más a la izquierda del Laborismo se había atrevido a plantear.
La propuesta de Osborne, en su primer Presupuesto al frente de un gabinete conservador monocolor, generó tantas expectativas como dudas acerca de su eficacia para estimular no sólo las pagas, sino la tan necesaria productividad británica. Más allá de las reticencias de las partes interesadas -pequeños empresarios y, sobre todo, hostelería y comercio minorista-, el consenso general asume que la medida es más política que económica.
El titular del Tesoro no ha esperado a conocer las recomendaciones de la Comisión de Bajos Salarios, un organismo creado por él mismo para diagnosticar qué cambios convienen en el mercado laboral para animar las remuneraciones. Convencido de que son precisamente los incentivos fiscales del Estado los que permiten a las compañías mantener políticas de bajos salarios, su solución es forzar un umbral que, a la altura de 2020, disparará a Reino Unido del puesto 16 a la octava posición en la lista de sueldos mínimos de los 28 países de la OCDE.
El nuevo salario para vivir aumentará entre dos y tres veces más que los demás tramos retributivos, beneficiando directamente, según cálculos del Tesoro, hasta 6 millones de personas, un quinto de la masa laboral británica. A partir de abril del año que viene, una nueva cantidad de 7,2 libras (10,4 euros) por hora será introducida para los mayores de 25 años y paulatinamente irá aumentando hasta que a final de Legislatura se establezca por ley un suelo obligatorio de 9 libras (13 euros).
La subida es significativa, teniendo en cuenta que el salario mínimo profesional está fijado en 6,5 libras (9,4 euros). Como ejemplo, una empresa con unos 50.000 trabajadores a tiempo completo cobrando más incluso, 7 libras (10 euros), tendría que pagar 21 millones extra tan sólo para alcanzar la cantidad prevista para abril.
Las reacciones
Las sucesivas proyecciones han encendido las alertas entre los colectivos de empresarios, que advirtieron no sólo de pérdidas de empleo, sino de que los techos retributivos resultarán víctimas colaterales. Habituales partidarios de Osborne, en esta ocasión ha escocido que adoptase la medida sin un proceso de consulta para garantizar una reforma que compense los potenciales riesgos del salario para vivir.
Datos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria mantienen que los efectos serán residuales una vez la medida esté en vigor: calcula 60.000 pérdidas de puestos de trabajo, 4 millones de horas menos trabajadas a la semana y una reducción nominal del 0,1 por ciento del PIB. Pero más allá de las cifras, el regulador de gasto del Gobierno reconoce que se trata de aguas inexploradas, ya que la respuesta de los negocios y el impacto sobre el mercado laboral están "sujetos a una incertidumbre significativa".
El objetivo de la medida es incentivar al sector privado y reducir el peso estatal en las cuentas bancarias de la ciudadanía, pero la única certeza es que, una vez en vigor, Reino Unido será uno de los pocos países en los que el mínimo salarial equivaldrá al menos al 60 por ciento de las ganancias medias.
