Una plaga de corrupción que no para de crecer y afecta la recuperación económica, con un coste estimado de casi 20.000 millones de euros al año. Mientras toda Europa pone bajo la lupa a Grecia, en Italia dos informes revelan los problemas que minan los fundamentos de la tercera economía de la eurozona.
La semana pasada el Banco de Italia señaló que en 2014, el país transalpino alcanzó el récord de operaciones financieras sospechosas de estar vinculadas con el lavado de dinero. La Oficina de información financiera, la unidad del banco central transalpino que se ocupa de descubrir y parar el blanqueo de capitales, el año pasado recibió 71.700 avisos de transacciones sospechosas, 7.000 más que en 2013.
"Las amenazas del blanqueo de capitales en Italia son significativas a causa de la difusión del crimen organizado, de la corrupción y del fraude fiscal" señala el informe del banco central, que subraya en particular como "la corrupción representa una amenaza muy preocupante para nuestro sistema económico y social. La percepción difundida de este fenómeno afecta a la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la política".
Efecto dañino en la economía
Es más, la plaga de la corrupción tiene también un efecto muy dañino sobre la economía. En otro informe, el centro de estudios Economia Reale del economista Mario Baldassarri, exviceministro de Economía del país transalpino, estima que fraude fiscal y la corrupción han costado al PIB italiano 236.000 millones de euros en los últimos 13 años. Según Baldassari, si en la ultima década los Gobiernos hubieran cumplido con sus promesas, realizando las intervenciones necesarias para relanzar la economía italiana, el PIB italiano podría haber crecido mucho más, contribuyendo a reducir el fardo de la deuda que sigue creciendo y ha alcanzado un nuevo máximo: en mayo la deuda transalpina superó los 2,2 billones de euros y desde el comienzo de 2015 ha crecido un 3,9%, es decir más de 83.000 millones de euros en términos absolutos.
Las estimaciones del economista se basan en el efecto combinado de medidas necesarias para reducir el fraude fiscal (más controles cruzados en los bancos de datos fiscales, aumento de la deducibilidad de algunos gastos para recudir el fraude) junto a una reducción significativa del gasto publico que solo se ha realizado a partir de la crisis de la deuda en 2011. La relación entre el gasto público y los problemas de la economía italiana se entiende mejor a través del reciente informe del Banco Central. "Las oficinas de las Administraciones Públicas resultan particularmente expuestas a la corrupción en las contratas y en las financiaciones publicas" señala la Oficina de información financiera de Roma indicando que además los funcionarios "muestran escasa sensibilidad hacia la lucha contra el blanqueo de capitales, a pesar de haber estado siempre entre los sujetos obligados a señalar transacciones sospechosas".
Reforma de la Administración
En definitiva, la lucha contra la corrupción y al fraude fiscal pasa también por reformar las Administraciones Públicas. El Gobierno de Matteo Renzi intentará aprobar antes de las vacaciones un paquete de medidas que busca reducir la burocracia y acercar las oficinas del Estado a las de una empresa privada con salarios vinculados a la productividad. Un intento que sin embargo -como las otras reformas impulsadas por el Ejecutivo italiano- tendrá que enfrentarse a largas negociaciones en el Parlamento.
El efecto combinado de Administraciones Publicas más transparentes y de medidas más eficaces para luchar contra el fraude fiscal podría merecer el esfuerzo. Matteo Renzi tendrá que acudir a Bruselas en otoño volviendo a pedir más flexibilidad para las cuentas transalpinas.
Italia busca una nueva derogación de la reducción del déficit para seguir invirtiendo y estimulando una economía que, tras largos años de crisis, todavía no ha despegado hacia la recuperación.
