El Tribunal Supremo Administrativo decidirá el próximo viernes sobre un recurso de anticonstitucionalidad presentado por dos ciudadanos griegos para pedir la cancelación del referéndum sobre el acuerdo con los acreedores internacionales, que está previsto que tenga lugar apenas dos días después: el próximo domingo .
El argumento principal de los demandantes es que el Gobierno ha planteado una consulta sobre temas fiscales, lo que en principio no permite la Constitución.
Los documentos de las tres instituciones sobre los que deben pronunciarse los ciudadanos "tienen un carácter exclusivamente financiero", destacan los demandantes.
Además, añaden, la pregunta no se ha formulado claramente, como exige; es compleja y está cargada de términos técnicos "que a la mayoría de los ciudadanos les resulta imposible entender".
La pregunta del referéndum consta de dos párrafos y el primero de ellos plantea si "debe ser aceptado el borrador de acuerdo que presentaron la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional en el Eurogrupo del 25 de junio y está compuesto de dos documentos que suman su propuesta común".
El segundo, especifica de qué documentos se trata y los títulos que llevan, tanto en griego como en su versión original en ingles. Se trata del texto sobre las medidas para completar el programa vigente y de un documento con un análisis sobre la sostenibilidad de la deuda.
Los querellantes no solo critican la complejidad de la pregunta sino que señalan que el tiempo de una semana es demasiado escaso, desde la convocatoria de la consulta hasta su celebración, para que el ciudadano pueda informarse sobre su objetivo.
Durante el debate del pasado sábado en el que se aprobó la convocatoria el partido socialdemócrata Pasok ya solicitó rechazar su celebración con el mismo argumento.
El tribunal se reunirá el próximo viernes para decidir sobre el recurso de inconstitucionalidad y dictará sentencia ese mismo día.
