El Gobierno "trabaja desde el primer día y lo hará hasta el último para garantizar la sostenibilidad y la revalorización de las pensiones". Con estas palabras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría confirmaba, de forma implícita, la intención del Ejecutivo de aprobar una subida real de las pensiones para el año próximo.
Una afirmación que la número dos del Ejecutivo apostillaba al indicar que el Gobierno quiere que las pensiones "puedan seguir siendo mejoradas en el futuro" y para que pueda seguir subiéndolas trabajará para cumplir el objetivo de crear medio millón de empleos este año y llegar a los 20 millones de ocupados en la próxima legislatura, "que es lo garantiza la sostenibilidad de las pensiones".
En este sentido, recordó que el sistema de revalorización de las pensiones que el Ejecutivo aprobó en 2013 establece un modelo por el que, "con independencia de lo que quiera hacer un Gobierno, hay unas cláusulas para la actualización de estas pensiones".
En línea con las palabras del presidente del Gobierno y de los ministros de Hacienda y de Empleo, Sáenz de Santamaría reiteró que "en España las pensiones están garantizadas" por el Estado.
Y, también en consonancia con su compañeros de Gabinete, respondió al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, expresando primero su respeto hacia "la independencia de otras instituciones del Estado que pueden realizar las declaraciones que estimen oportunas", para enfatizar después que "el Gobierno también es independiente de marcar su política sobre pensiones, que es pagarlas, sostenerlas, garantizarlas y trabajar por la creación de empleo para que puedan seguir siendo así para el futuro".
Récord de gasto
El pasado miércoles, el gobernador del Banco de España, Luis Linde, repitió en la Comisión de Economía del Congreso su teoría de que el problema demográfico conduce "a una reducción inexorable de las pensiones a largo plazo, salvo que se combine con ahorro privado. El sistema actual no garantiza el nivel de pensiones que esperan los ciudadanos", afirmó.
Al cierre del último ejercicio la cuentas de la Seguridad Social arrojaba un déficit de 11.202 millones de euros, equivalentes al 1,06 por ciento del PIB, lo que sitúa este desequilibrio muy cerca del objetivo previsto del 1 por ciento del PIB.
Precisamente, el pasado jueves el Ministerio de Empleo hacía públicos los datos del gasto en pensiones, que en el mes de junio subió un 2,9 por ciento, hasta alcanzar la cifra récord de 8.237,9 millones de euros, de los que 5.479 millones correspondían a jubilación.
Un aumento que obligará al Ejecutivo a seguir recurriendo al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la llamada "hucha de las pensiones", de la que los Presupuestos del Estado prevén ya unas disposiciones de 8.446 millones de euros durante el ejercicio en curso.
Los últimos datos facilitados al Parlamento por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, muestran que el Fondo de Reserva acumulaba 42.014 millones de euros al finalizar el primer trimestre de este año, equivalentes al 3,97 por ciento del PIB. Sin embargo, a valor de mercado, el importe se eleva a 49.156 millones. Esta cantidad garantiza aproximadamente el pago de las pensiones para seis mensualidades.
