El Gobierno británico ha decidido aprovechar su inesperada mayoría absoluta para arrancar de inmediato la segunda fase de la era de la austeridad. La previsión inicial de pactar la continuidad en Downing Street había llevado al ministro del Tesoro a fijar para 2016 el reinicio de la lucha contra el déficit, pero la vía libre obtenida hace un mes le permite inaugurar un año antes un proceso que, finalmente, se distribuirá a lo largo de un trienio.
George Osborne ha pedido ya a todos los ministerios responsables de las áreas no protegidas, es decir, Sanidad, Educación y Cooperación Exterior, que identifiquen ahorros inminentes. Aunque no ha impuesto objetivos concretos en términos cuantitativos o de calendario, su intención es contar con un esquema a tiempo para su primera gran prueba de fuego como nuevo hombre fuerte del Ejecutivo: el presupuesto inaugural de la Legislatura.
El 8 de julio, Osborne presentará los pilares sobre los que se basará una estrategia que, a la altura de 2018/19, tendrá que haber convertido en superávit el agujero de 75.000 millones de libras previsto para este año fiscal. De acuerdo con las previsiones de la campaña, además de los 5.000 millones de libras de la batalla antievasión fiscal, los ajustes ascenderán a 25.000 millones, de los que 13.000 corresponderían a tijeretazos en los departamentos del Gobierno y el resto a una reducción prácticamente sin precedentes de la factura del Sistema de Bienestar.
Tijeretazo al gasto social
Durante la carrera por el número 10, los conservadores habían evitado deliberadamente especificar el destino de unos recortes que reabrirán heridas recurrentes sobre su compromiso real con los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Dentro de un mes, Osborne está obligado a facilitar pistas sobre un desafío que pondrá a prueba su pulso: aunque en su primer mandato había logrado adelgazar el gasto social en 15.000 millones, lo máximo en dos años fueron 8.000 millones. Ahora, sin embargo, está obligado a concentrar en prácticamente un bienio el bruto de los 12.000 que se ha marcado.
Si Osborne estuviese tentado a minusvalorar las dimensiones de la tarea, tan sólo tendría que recordar el severo abucheo que en 2012 recibió durante su intervención en los Juegos Paralímpicos de Londres, un episodio que ha calificado como uno de los más amargos de su carrera política. Por si fuera poco, la nueva oleada de austeridad impone decisiones más delicadas que en el último lustro, puesto que las más obvias, o relativamente más sencillas, han sido adoptadas ya en los pasados cinco años. Y para complicar aún más el puzzle, la mitad de los 250.000 millones de gasto en Bienestar corresponden al sistema de pensiones, única área que David Cameron se ha comprometido a proteger.
Como resultado, Osborne está obligado a identificar un 10 por ciento de reducción en los capítulos restantes, una gesta que, según el Instituto de Estudios Fiscales (IFS, en sus siglas en inglés), forzará necesariamente a tocar apartados de alto voltaje social, como las prestaciones por hijo, o las exenciones por discapacidad. Su intención, no obstante, pasa por adoptar cuanto antes las acciones más impopulares para que, a medida que se acerque la cita con las urnas, la medicina vaya quedando como un mal recuerdo.
Su estrategia, en consecuencia, considera la actual austeridad como el precio necesario para permitirse una conveniente generosidad fiscal hacía final de Legislatura. Para entonces, Osborne, tipificado por el propio Cameron como potencial sucesor, confía en poder presentar al votante la cara más amable del plan a diez años diseñado para recuperar a la economía británica de la crisis.
El tratamiento, con todo, presenta riesgos, debido a los potenciales efectos secundarios sobre un crecimiento hoy cuestionado ante la renqueante evolución del PIB. Tras los ajustes de un 5 por ciento previstos para este ejercicio, la reducción de los departamentos no protegidos en los próximos tres años será de un 15 por ciento. De acuerdo con el IFS, a la altura de 2018, el gasto será un tercio inferior a los niveles de 2010. Además, si el Gobierno cede a la presión para eximir del impacto a las partidas de Defensa, los demás ministerios tendrían que asumir recortes de hasta un 37 por ciento.
