España se ha convertido en la niña bonita a la que todos miran para admirar los efectos positivos de un programa de ajuste ambicioso. Los datos económicos y elogios desde el exterior han llenado de optimismo al Gobierno. Si los ciudadanos fueron los primeros en pinchar el exceso de confianza del PP en las recientes elecciones, la Comisión Europea ha lanzado otro certero aguijón desde fuera, al cuestionar sus previsiones en casi todos los apartados macroeconómicos y, sobre todo, el más importante en año electoral: el del empleo.
Un documento de la Comisión publicado el miércoles subraya sin miramientos que existen "riesgos" para que España cumpla con sus objetivos fiscales. Las últimas previsiones económicas de Bruselas ya indicaron que el déficit se quedaría en el 4,5% del PIB este año, y en el 3,5 el que viene, frente al 4,2 y el 2,8% acordado. En base a las medidas anunciadas por el Gobierno, la Comisión lanzó una serie de recomendaciones al país el 13 de mayo para que pusiera a punto la economía y equilibrara las cuentas.
Pero este último análisis técnico profundiza en el plan de estabilidad español (2014-2018). Y el veredicto concluye que, aunque las proyecciones de crecimiento parecen "plausibles" para este año, para los próximos son "optimistas". El Gobierno prevé que crecerá 2,9% este año y el que viene, y subirá hasta el 3% en 2017 y 2018. La Comisión rebaja el crecimiento hasta el 2,8% para este año, y espera que el PIB se desacelere hasta el 2,6% el que viene, con una tendencia que continuaría a la baja en caso de que no se tomen medidas. El programa "se basa mucho en un crecimiento económico elevado", sobre todo a partir del año que viene, y en medidas de ahorro aun por especificar, subraya el texto.
Aunque el objetivo del informe no es llegar a conclusiones políticas, expertos comunitarios ya avisaron a principios de mes que España, bajo un procedimiento por déficit excesivo, podría recibir un aviso a inicio de otoño si no toma medidas para corregir el rumbo, una vez que ha quedado probado que no cumplirá con sus objetivos fiscales ni este año ni el que viene.
El problema del paro
Si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se preguntó quién habla hoy del paro, la Comisión le avisa que la pregunta seguirá pegada a su espalda, porque la reducción proyectada del desempleo "parece difícil que se logre", sobre todo por el alza en los costes laborales previstos para los próximos años. Aunque la diferencia respecto al desempleo no es abultada (20,5% la Comisión y 19,8% el Gobierno), el Ejecutivo del PP espera que la cifra baje hasta el 15,6% en 2018.
El efecto en cadena provocará un impacto fiscal negativo que descuadrará todas las cuentas públicas, al contar con menos trabajadores y más parados de los esperados, es decir menos ingresos por impuestos sobre la renta y gastos más elevados por los seguros de desempleo y otros beneficios.
Fuentes comunitarias ya habían adelantado a El Economista el pasado día 13 que la estructura y el volumen del gasto del plan de estabilidad español iba a rozar con sus proyecciones.
Otras divergencias
Las discrepancias no terminan aquí, ya que la Comisión también guarda una "estimación más conservadora" de lo que se puede recaudar con medidas que afectan a las contribuciones de la seguridad social o las de lucha contra el fraude. Otras medidas, como las vinculadas al control del gasto farmacéutico, no han sido aun concretadas. Mientras, temas abiertos como el de la insolvencia de algunas autopistas representan un pasivo contingente "nada desdeñable" a medio plazo, avisa el documento.
En algunos frentes en los que se había logrado progresar, como en el control del gasto sanitario, incrementando su eficiencia, Bruselas advierte que el ritmo del ajuste presupuestario se moderó en 2014, perjudicado por la factura farmacéutica que ha vuelto a crecer. Y aunque España no es de los socios con un gasto público elevado en relación con su PIB, la partida de salarios de sus funcionarios está por encima de la media de la eurozona debido sobre todo al personal sanitario.
Los expertos de la Comisión también vuelven a disparar contra el modelo administrativo español, al subrayar que el esquema descentralizado puede llevar en algunos casos a "ineficiencias como duplicidades en las estructuras administrativas".
