El eurodiputado socialista Javier López ha remitido una cuestión escrita a la Comisión Europea en la que solicita que "determine la idoneidad y racionalidad de medidas como la de la amnistía fiscal promovida por el Gobierno de Rajoy en 2012", así como su uso por parte de cargos públicos en España.
En junio del mismo año, el comisario europeo de Fiscalidad del Ejecutivo encabezado por Durao Barroso, Algirdas Semeta, criticó la medida al considerar que este tipo de actuaciones reduce la eficiencia de la lucha contra el fraude y la evasión.
Críticas desde el "respeto"
"Mi actitud personal sobre este fenómeno es bastante negativa", sostenía Semeta en una nota de prensa, porque "las amnistías fiscales normalmente crean una atmósfera de expectativas de que cuando estos problemas crezcan en el futuro, habrá otra amnistía".
No obstante, el comisario, tras lanzar esas críticas, dejaba claro que "tenemos que respetar la soberanía de los Estados miembros y en esta cuestión tienen derecho a decidir por sí mismos".
En un informe publicado también en junio de 2012 por la Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, encaminado a mejorar la gestión de los impuestos en los Estados de la UE, los autores, Jonas Jensen y Florian Wöhlbier recalcaban que los costes de un programa de amnistía fiscal suelen exceder los beneficios del mismo.
"Las amnistías fiscales deberían ser evitadas a toda costa pese a los ingresos inmediatos derivados de la recaudación", afirmaban. Los expertos consideraban que "el consiguiente riesgo moral lleva a más impuestos atrasados en el futuro y posiblemente a una mayor probabilidad de otra amnistía fiscal".
La amnistía fiscal -también conocida por los Gobiernos como regularización tributaria extraorinaria o declaración tributaria especial- también ha sido acometida por todos los países del entorno como Italia, Portugal, Grecia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos.
Además, en el argumentario del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se encontraba que este tipo de actuaciones se consideran una vía recomendada por la OCDE para situaciones extraordinarias.
Solo para casos excepcionales
Los informes de la OCDE, desde el año 2007, defienden la amnistía fiscal como una estrategia válida vinculada a recuperar capitales ocultos, pero que "debe ser percibida como una medida excepcional".
Sin embargo, la organización asegura que este tipo de procesos impide la detección efectiva de delitos como el soborno o el blanqueo de capitales. Un ejemplo de esta situación es que los nombres que se han filtrado de personas acogidas a la amnistía se ha debido a su situación de imputados en procedimientos penales. Además de Rodrigo Rato, están los encartados en el caso Gürtel, como el extesorero del PP, Luis Bárcenas, el empresario Fernando Martín. También, se han publicado los nombres de los dos hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Josep y Oleguer, y del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres.
La medida en otros Estados
Los modelos de amnistía fiscal han sido muy diversos a lo largo de la historia. Así, el tipo de gravamen osciló desde el 25 por ciento de Alemania, el 5 por ciento de Portugal o el Reino Unido, que no fijó ningún tipo especial, sino que prácticamente eximió de sanciones a quien optara por regularizar, lo mismo que hicieron en Irlanda o Estados Unidos. La recaudación obtenida es también muy distinta. Desde los 10.000 millones de euros en Italia a los 1.260 de Reino Unido.
En Alemania, en el ejercicio 2005, tan sólo se afloraron 1.200 millones de euros, cuando las estimaciones del total evadido hablaban de una cifra que oscilaba entre los 300.000 y 500.000 millones. A finales de 2002, también se había establecido una amnistía con una tributación del 25 por ciento en 2003 y del 35 por ciento en 2004, que tampoco cosechó buenos resultados.
Por el contrario, la amnistía fiscal celebrada enIrlanda en 1988, se consideró un éxito. Tras ofrecer 10 meses de plazo, no incluir penalizaciones y garantizar que no habría represalias, el Banco Central de Irlanda obtuvo 750 millones de dólares en capital aflorado, cuando apenas contaba con lograr 50 millones una reducción de las necesidades de financiación equivalentes al 34 por ciento del PIB del país.
Sin embargo, el récord de afloramiento de capitales lo obtuvo Francia en 1986, logrando recaudar cerca de 1.610 millones, un 0,22 por ciento de su PIB.
Italia tiene una amplia experiencia en amnistías fiscales, puesto que en los ejercicios de 2001 y 2002 se regularizaron en torno a los 73.100 millones de euros. Y en la amnistía fiscal de 2009, se pusieron en orden con Hacienda rendimientos por importe de 95.000 millones de euros, con una tributación que incluía un recargo del 5 por ciento. En 2007, fue Gran Bretaña la que puso en marcha un proceso de regularización dirigida a titulares de cuentas offshore. El Gobierno, antes de llevar a cabo la amnistía, había obtenido de cinco entidades bancarias los datos de los titulares de las cuentas. Se esperaba que cerca de 400.000 de ellos se acogieran voluntariamente a los beneficios fiscales, lo que finalmente se saldó con tan sólo 25.000 de ellos, aunque se afloró un total de 1.260 millones de euros.
También en Estados Unidos se han dado ejemplos de celebraciones de amnistías fiscales, con un total de 110 en 48 Estados en el periodo establecido entre 1982 y 2008. El último de estos procesos se ha desarrollado en Grecia, en marzo de 2015. El objetivo del Gobierno de Tsipras era que regularizasenlos 3,5 millones de personas con deudas de hasta 3.000 euros con el fisco heleno. Finalmente, tan sólo recaudó algo más de 147 millones de euros del pago de deudas a Hacienda procedentes de un total de 151.124 personas que se acogieron a la amnistía fiscal que estuvo vigente durante siete días.
En Portugal, esta medida se llevó a efecto a mediados del 2010 para depósitos bancarios, valores mobiliarios y otros instrumentos financieros como fondos de inversión y deteminados seguros de vida-ahorro, con un tipo del 5 por ciento y 41 millones de euros recaudados.
En España, la primera amnistía fiscal fue en 1984. Se realizó mediante la compra de pagarés del Tesoro Público sin penalización fiscal y con anonimato.
La segunda se desarrolló en 1991, por la compra de deuda pública con un tipo inferior al del mercado. En este caso, el Gobierno permitió invertir el dinero oculto hasta la fecha en un producto creado ad hoc, la Deuda Pública Especial. Esta inversión se mantendría hasta 1997, cuando ya se permitió a sus titulares rescatar el capital.
Investigaciones previas
La Agencia Tributaria anunció el pasado mes de febrero que 705 de los 31.484 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal estaban siendo sometidos a una investigación específica al existir "indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales".
Entre los investigados hay personas que son o han sido políticos, jueces, alcaldes, fiscales y embajadores y que según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales son consideradas personas expuestas políticamente (PEP), y tienen, por tanto medidas de especial seguimiento.
La normativa de la amnistía fiscal establece que no se podrán realizar comprobaciones aisladas sobre el modelo 750 -el de la declaración-, ya que no se presenta en cumplimiento de una obligación tributaria. No obstante, se establece que en el curso de una comprobación, la Administración podrá efectuar dicha comprobación para verificar la realidad en ella manifestada.
Además, los contribuyentes que decidieron acogerse a la amnistía fiscal y realizar la declaración tributaria especial no estarban obligados a realizar ninguna comunicación sobre prevención de blanqueo de capitales, siempre que el dinero procedise únicamente de infracciones tributarias y no de actividades delictivas.
Así, lo aclaró la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, en una nota publicada el 24 de mayo de 2012 para aclarar las dudas interpretativas que plantearon diversas entidades sobre el procedimiento de regularización fiscal, que concluyó el 30 de noviembre de ese mismo año.
Estas comprobaciones son las que están decubriendo a quienes se acogieron a la amnistía con dinero que tenía un origen claramente ilícito, ya que se consideró que era más difícil la detección que si se hubiese recurrido a la regularización ordinaria, que es más barata.
