El caso Rato ha reavivado la batalla entre los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y Economía, Luis de Guindos. Desde Hacienda se trata de culpabilizar a Guindos de filtrar la investigación a Rato asegurando que el expediente llevaba año y medio en la Agencia Tributaria (AEAT) y no se filtró hasta que lo supo el Sepblac, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, dependiente de Economía.
Efectivamente, Guindos estaba al tanto de las pesquisas, pero no tenía ningún interés en la filtración, y ayer mismo volvió a negarlo todo. "No conocía el informe de la Agencia Tributaria y no tenía por qué conocerlo", aseguró a Onda Cero.
Guindos no lo sabía, pero Montoro sí. Lo supo por primera vez en 2013, cuando la Agencia Tributaria, detectó incoherencias entre la declaración de IRPF que presentó Rato y la amnistía fiscal a la que se había acogido un año antes. Es cierto que el titular de Hacienda avisó entonces a Rajoy de que se estaba investigando a Rato, pero a partir de ahí la información fue mínima.
El último en enterarse
Y Rajoy, de hecho, no se enteró de la detención hasta el mismo día en que ocurrió. Montoro, en connivencia con la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría, llevaba meses intentando acelerar la investigación para provocar un relevo en el partido de cara a las elecciones generales, dando por hecho el batacazo en las municipales y autonómicas.
En febrero la Agencia Tributaria informó así al Sepblac y a la Fiscalía Anticorrupción, pero ni uno ni otro lo veían claro e insistían en que no había pruebas suficientes. Fue precisamente entonces cuando tras una filtración el 14 de abril al portal Vozpópuli, Montoro decide dar un impulso definitivo a la investigación.
Los acontecimientos se precipitaron tan solo dos días después: el jueves 16 de abril. Desde Hacienda lo niegan tajantemente, pero la AEAT había encontrado en la filtración la excusa perfecta para acelerar el caso. Tras la negativa de Anticorrupción puso sus indagaciones en conocimiento de la Fiscalía de Madrid, que lo lleva de forma inmediata a un juzgado de guardia. A mediodía existía ya así una orden de detención de Rato para el registro de su domicilio y de su despacho, con los medios de comunicación previamente avisados.
Con el conocimiento de la fiscalía, a la una de la tarde de ese mismo jueves, con todo el dispositivo ya preparado por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se informó al ministro de Justicia Rafael Catalá, que llamó inmediatamente a Rajoy. El presidente no sabía nada y mostró su sorpresa ante el cataclismo que el hecho podía provocar en vísperas electorales.
El malestar en el Gobierno con Montoro a raíz de su actuación va en aumento así cada día que pasa. Fuentes del entorno de Moncloa consultadas por elEconomista muestran en este sentido su sorpresa por el hecho de que Montoro pretenda ahora presumir de la independencia de la AEAT cuando lleva toda la legislatura amenazando a medios de comunicación, actores, deportistas o partidos políticos por tener deudas pendientes con el fisco.
El motivo es que, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley General Tributaria (el mismo que Montoro esgrime para no hacer públicos datos relativos a Rato y su adhesión a la amnistía fiscal), el titular de Hacienda no podría tener acceso a esa información, reservada para los inspectores y los tribunales, si existe orden judicial.
Críticas internas
Más recientemente, eran las organizaciones profesionales de la AEAT las que lamentaban que desde el gabinete del ministro de Hacienda se hubiera elaborado un informe paralelo al de los peritos judiciales sobre el supuesto fraude fiscal del PP, que se ha hecho en llamar comúnmente "informe Cáritas". Inspectores y técnicos de la Agencia consideran este hecho una injerencia política clara, dado que evidencia que Montoro está teniendo un acceso a la información del organismo que no le corresponde tener.
La demostración de ello sería que el informe de los peritos se envió, según critican, desde la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (que pertenece a la AEAT) al gabinete del ministro, cuando solo podía ir a parar al juez -en este caso, el magistrado de la Audiencia, Pablo Ruz-. En dicho informe se explicaba que los populares habrían dejado de tributar más de 220.000 euros por los 880.000 euros que recibieron en donaciones irregulares en 2008. Algo anterior es el caso de la destitución, en noviembre de 2013, de una inspectora tras rechazar un recurso de reposición de la empresa Cemex por una sanción millonaria (de 445 millones) que destaparon los medios de comunicación.
Su jefe de departamento decretó su relevo inmediato, porque su criterio era otro. Fue solo uno de los cambios que se ha ido produciendo desde entonces en la Delegación de Grandes Contribuyentes y cuya explicación no ha quedado del todo clara. Otros dos ejemplos claros los constituyen el cese del jefe de la Oficina Técnica de Inspección de la Delegación de Grandes Contribuyentes y de una adjunta por "discrepancias irreconciliables" entre el jefe de la Oficina Técnica de Control de Grandes Contribuyentes, Manuel Menchero, encargado de resolver los recursos de las multinacionales y grandes fortunas, y su jefe de la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, Eduardo Córdoba.
