La Agencia Tributaria precipitó la semana pasada la investigación y posterior detención de Rodrigo Rato, a espaldas de Moncloa. Cuando el pasado jueves agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera se personaron a primera hora de la tarde en el domicilio particular del exvicepresidente económico del Gobierno, muy pocos altos cargos en el seno del Ejecutivo estaban al tanto de lo que estaba pasando. La sorpresa fue generalizada, porque todo ocurrió en apenas unas horas y con las cámaras de televisión delante en todo momento.
Hacienda se puso en contacto con la Fiscalía de Madrid para informarle de supuestos movimientos en sociedades de Rato fuera de España, el Ministerio Público presentó una denuncia en un juzgado de guardia y éste, a su vez, ordenó la detención y el registro tanto de la vivienda como del despacho de Rato.
El exministro de Economía con José María Aznar, exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia salía así detenido de su casa a última hora, con un calabozo preparado ya en una comisaría cercana.
Lo que no se entiende en Moncloa es que esta actividad frenética se precipitara en un solo día, cuando la investigación había arrancado meses antes. Y lo que es peor, a tan sólo unas semanas de las elecciones autonómicas y municipales, en un hecho que algunos califican ya de "suicidio político". Una portavoz del Ministerio de Hacienda aseguró ayer, sin embargo, que "la actuación de la Agencia Tributaria es completamente independiente y está al margen del Gobierno".
La actuación del Sepblac
Más allá del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, uno de los pocos ministros que conocía la existencia de la investigación era el titular de Economía, Luis de Guindos. Lo sabía porque el Sepblac, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, depende del secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, pero no fue él el que ordenó a la Fiscalía precipitar las actuaciones.
Ayer, precisamente, en un almuerzo organizado por la Asociación Española de Directivos (ADE), Fernández de Mesa aseguró acerca de las investigaciones que "hay que apoyar y creer en la labor de la justicia" . Otra cosa es que en Economía piensen que habría que haber actuado de otra manera. Pero las actuaciones de la Agencia Tributaria, con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro de fondo, no sólo han causando un profundo malestar en el Gobierno, sino también en Anticorrupción. Nada más tener conocimiento de los hechos, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, Antonio Salinas, se puso en contacto con Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado para exigir el mando de la investigación.
En Anticorrupción, que lleva desde hace tiempo investigando a Rato por la salida a bolsa de Bankia y las tarjetas black, consideran que la precipitación de la Agencia Tributaria al provocar la detención durante unas horas de Rato podría haber entorpecido una investigación mucho más profunda, que estaba aún en su fase inicial y en la que había más implicados.
Según las fuentes jurídicas consultadas, en un principio la Fiscalía de Madrid se negó a ceder el caso, pero finalmente Madrigal optó por darle la razón a Salinas y permitir que Anticorrupción asumiera el mando.
"Nadie lo sabía"
En plena polémica, ayer el secretario de Estado de Relaciones con la Cortes, José Luis Ayllón, descartó que nadie del Ejecutivo supiera que se estaba investigando al exvicepresidente y negó que, como el propio Rato aseguró la semana pasada, esté siendo víctima del Gobierno o del partido.
Ayllón negó la posibilidad de que desde algún ministerio se haya podido "filtrar" que Rato se acogió a la amnistía fiscal y se avisara a los medios para que pudieron grabar la semana pasada la detención del que fuera número dos del Gobierno de José María Aznar.
Desde Moncloa no ven necesario, por otro lado, un pleno monográfico o comisión de investigación en el Congreso para hablar de este asunto. Ayllón negó que de momento vaya a producirse en este mismo sentido una comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o del ministro de Hacienda para hablar de Rato y emplaza a la que realizará este martes el responsable de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez.
Además, criticó que el PSOE pida al Gobierno que "incumpla" la ley y "prevarique", cuando le solicita que dé a conocer las identidades de quienes se beneficiaron de la amnistía fiscal de 2012. Para él, hacer públicos los nombres de las personas que están investigadas por el origen sospechoso de los fondos las haría culpables "socialmente".
Ofensiva socialista contra Montoro
El caso Rato no ha hecho sino echar más leña al fuego parlamentario entre el PSOE y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro. El dedo acusador socialista, que apunta directamente al ministro desde hace más de un mes, señala varios frentes. Por un lado, la investigación de Anticorrupción sobre el despacho de abogados Equipo Económico, fundado por Montoro en 2006.
El PSOE ha solicitado en el Congreso información sobre el contrato firmado por el despacho y la Administración en 2012, una cuestión que para los socialistas pone en duda que el ministro separe intereses públicos y privados. Sobre esa cuestión precisamente fue interpelado Montoro la semana pasada en el Congreso.
El asunto volverá este martes a ponerse sobre la mesa con la moción presentada por el PSOE para reprobar a Montoro. Al conflicto de intereses, se une la acusación de obstrucción a la justicia en el caso de los llamados papeles de Bárcenas y la amnistía fiscal, con la sombra de Rato y los famosos amnistiados como punta de lanza de la ofensiva socialista.