Según el decreto que ha firmado la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para otorgar la competencia de la investigación a la Fiscalía Especial, Rodrigo Rato se encuentra ya imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso Bankia' y la pieza de las tarjetas opacas, de las que "pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir".
Se refiere así a la fianza de 800 millones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu impuso de manera solidaria el pasado 13 de febrero a BFA-Bankia, Rato y los exconsejeros Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella. La entidad adelantó la totalidad de este dinero y ahora se plantea reclamar judicialmente a los cuatro exdirectivos el pago de los 133 millones de euros que le corresponden a cada uno.
Por otra parte, el decreto firmado por Consuelo Madrigal concreta el número de delitos por los que Rato fue denunciado la pasada semana en un juzgado de guardia de Madrid y que sumarían cinco delitos contra la Hacienda Pública y además blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, "entre otros que puedan resultar de la investigación en curso".
El decreto, de tres folios de extensión, relata que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado viernes 17 de abril la atribución de la competencia al estimar que los hechos investigados en las citadas Diligencias Previas están comprendidos en el ámbito fijado en la Instrucción nº 4/2006 de la Fiscalía General del Estado y que, a la vista de la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid de 16 de abril, podrían ser constitutivos los delitos antes señalados.
Especial complejidad del entramado
El decreto justifica la atribución de la competencia en la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados, según una nota de prensa distribuida por la Fiscalía.
Adelanta también que "la investigación de las conductas típicas se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato", lo que aconseja atribuir la competencia a la Fiscalía Anticorrupción.
La Fiscalía General añade en su decreto que el análisis jurídico penal realizado por los fiscales pertenecientes a Anticorrupción se verá complementado por la actuación de las Unidades de Apoyo de las que está dotada esta Fiscalía especial, un criterio general de determinación de la especial trascendencia que establece la Instrucción de 2006.
El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, solicitó la competencia sobre este asunto al entender que le corresponde por conexidad con hechos que ya investiga respecto al exmandatario.
Anticorrupción ya investiga a Rato en dos causas que se instruyen en la Audiencia Nacional, una por la salida a bolsa de Bankia y en una pieza separada de ésta por el uso de las denominadas 'tarjetas black' por parte de directivos de Caja Madrid y Bankia.
Antecedentes en la Audiencia
Fue precisamente en el curso de un interrogatorio por el asunto de las tarjetas cuando el fiscal anticorrupción Alejandro Luzón, encargado del caso, sorprendió al juez y a los abogados del resto de partes personadas preguntando al expresidente de Bankia por una transferencia de más de 6.199.308 euros que el banco de inversiones Lazard realizó en el año 2011.
A resultas de su respuesta, el juez del caso Bankia, Fernando Andreu solicitó a Lazard la información que dispusiera sobre esta transferencia además de otras diligencias, y preguntó a la Agencia Tributaria si Rato declaró en el año 2012 el ingreso.
Según el testimonio del propio Rato, el citado dinero obedecía a los derechos sobre unas acciones adquiridos durante su etapa como director gerente de la entidad francoestadounidense.
La Audiencia revisará el viernes la fianza
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo viernes una vista para estudiar los recursos interpuestos por Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y cuatro antiguos miembros de la cúpula del grupo financiero, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato, contra la fianza civil de 800 millones de euros impuesta en la causa sobre su fusión y salida a bolsa, informaron fuentes jurídicas a EP.
Los magistrados deliberarán a puerta cerrada sobre la fianza en concepto de responsabilidad civil que fue acordada el pasado 13 de febrero por el juez Fernando Andreu para asegurar las eventuales responsabilidades que se deriven de una eventual sentencia condenatoria. En su auto, el juez les dio un plazo de un mes para depositar el dinero de forma solidaria, con la advertencia de que si no embargaría sus bienes hasta cubrir esa suma.
La entidad, presidida por José Ignacio Goirigolzarri, adelantó la totalidad de la caución y envió un requerimiento notarial a sus cuatro ex altos cargos para que aporten en un mes su parte proporcional, 133,3 millones cada uno de ellos.
