Anticorrupción ha asumido el expediente abierto contra Rodrigo Rato, tal y como reclamaba la Fiscalía de Madrid y adelantó el pasado viernes elEconomista. Esta Fiscalía investigará al exvicepresidente del Gobierno por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes. El caso pasa al juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, a cargo de Fernando Andreu.
Finalmente, la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado el decreto por el que asigna a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para investigar a Rato, en respuesta a la petición hecha por el fiscal jefe, Antonio Salinas, el pasado jueves.
Salinas se dirigió a Madrigal tras conocer que Hacienda había recurrido a la Fiscalía de Madrid para denunciar un presunto delito fiscal y de alzamiento de bienes de Rato, que fue detenido durante varias horas el pasado día 16, mientras agentes de Aduanas registraban su domicilio y su despacho.
Fue precisamente la Fiscalía Anticorrupción la que descubrió que Rato se había acogido a la amnistía fiscal aprobada por Montoro al investigar su relación contractual con el banco de inversión Lazard y, en especial, una transferencia que dicha entidad le hizo por importe de 6,2 millones de euros en 2011.
Las tarjetas black
Todo empezó el pasado 16 de octubre, cuando Rato acudió a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Fernando Andreu como imputado por el uso de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, opacas a Hacienda, y el fiscal Alejandro Luzón le interrogo por dicha transferencia, ampliando posteriormente las investigaciones judiciales en torno al exministro.
Rato respondió entonces que recibió la transferencia por derechos sobre acciones de Lazard en el año 2008, aunque no la cobró hasta tres años después en 2011, presentando precisamente a raíz de esto dos declaraciones complementarias. Rato, que trabajó para Lazard tras abandonar la dirección del FMI, dejó la entidad privada antes de asumir en 2010 la presidencia de Caja Madrid, que salió a bolsa integrada en Bankia un año después en una operación en la que participó Lazard como asesor.
Apenas unas semanas después de esa pregunta formulada por Luzón, la Fiscalía Anticorrupción reclamó al juez Andreu que reclamara a la Agencia Tributaria información sobre la transferencia que Rato habría cobrado en una cuenta radicada en Suiza. El objetivo que se perseguía era saber si había declarado o no ese ingreso a fisco español y el informe de la Agencia Tributaria demostró que, aunque con dos declaraciones complementarias, efectivamente lo había hecho así.
Cuentas de origen y destino
En diciembre del año pasado Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, insistió en esa misma línea de investigación reclamó a Lazard el "resguardo de la cuenta de origen y destino de la transferencia realizada a Rato en el año 2011 así como de cualquier otra realizada con posterioridad a la extinción de su relación profesional con el mismo, tras su entrada en Caja Madrid y Bankia".
La relación contractual entre Lazard y Rato es una pieza clave ahora en la investigación que se está llevando a cabo por la salida a bolsa de Bankia, que fue nacionalizada un año después, generando varias querellas contra la entidad y sus dirigentes por parte de distintas organizaciones y partidos políticos de la oposición, como 15MpaRato o UPyD.
